La Dirección General de Consumo de la Junta y la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) están investigando más de cuarenta reclamaciones presentadas en los últimos meses contra academias de inglés de Badajoz y Cáceres, la mayoría de ellas por presuntos fraudes en la firma de los contratos. La Junta reconoce que se encuentra con muchas dificultades a la hora de aclarar los casos, mientras que las asociaciones de consumidores alertan de este tipo de prácticas, que se han ido generalizando a medida que se han implantado en la comunidad las franquicias más importantes del sector.
Fuentes de la Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura han informado que hasta el momento han recibido 24 reclamaciones contra academias de Cáceres y 4 contra las de Badajoz. A éstas hay que sumar las quince denuncias que han llegado a las oficinas de la UCE contra academias pacenses. En total, 43 quejas contra estos controvertidos centros educativas.
La gran mayoría de las quejas se refiere a los contratos que se suscriben y que, en realidad, suponen la apertura de un crédito financiero con una entidad bancaria. Así, por un acuerdo previo entre el centro de enseñanza --en general una franquicia de un gran grupo-- y el banco, este último paga por adelantado todos los cursos y a cambio logra abrir créditos financieros a los alumnos. El problema radica, según las denuncias, en que cuando firman los contratos los alumnos no saben que están solicitando un crédito. De esta forma, cuando abandonan el curso a medias se encuentran con que la entidad financiera reclama, judicialmente si llega a ser necesario, el pago de las mensualidades. La única forma de librarse de esta deuda es lograr que la academia de inglés extienda un certificado confirmando el cese del curso, algo que se complica cuando se ha firmado un contrato a largo plazo.
Desde la Junta explican que se están investigando las reclamaciones, algunas de las cuales han sido incluso trasladadas a la Guardia Civil y a los tribunales. A la hora de depurar responsabilidades la mayor dificultad con que se topa la Administración estriba en que a menudo es complicado encontrar al verdadero responsable de la franquicia "porque en ocasiones se esconden tras empresas encubiertas".
Por su parte, uno de los responsables de la UCE, Roberto Serrano, apunta que con estas prácticas las academias "se aseguran que cobran la totalidad del curso aunque lo abandones". Y es que una vez pasado este primer trámite se hace más que difícil conseguir el certificado de cese del curso. Tanto es así que hay algunas empresas del sector que remiten el contrato a las financieras antes de que pasen los quince días en los que el cliente puede renunciar al curso. A partir de ahí, incluso sin llegar a empezar las clases el alumno se puede encontrar con un crédito bancario a sus espaldas. Así, Serrano insiste en que para lograr el documento que acredita que ya no se están prestando servicios educativos en algunas ocasiones han tenido que amenazar a la empresa con acudir a la inspección de consumo o a los tribunales.
-Denuncias en Extremadura:
La enseñanza del inglés en Extremadura ha saltado ya de las aulas a los juzgados. Y es que no en vano en el 2001 hubo varias denuncias por presuntas estafas cometidas por la delegación de Opening en Badajoz.
Juan José Batuecas, representante de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros), fue el abogado de dos de las querellas. En ambos casos, según consta en las denuncias, Opening ofertaba entre 15 y 20 clases gratuitas de inglés para familiarizarse con el sistema de aprendizaje sin compromiso. Según los clientes de Batuecas, a los dos días de estar recibiendo las clases gratuitas les presentaron un contrato "por si querían seguir", aunque aún sin compromiso definitivo. Los alumnos estaban firmando en realidad un crédito bancario del que no lograron copia. Cuando abandonaron las clases, aún en periodo gratuito, se encontraron con una reclamación bancaria.
En uno de los casos --en el otro no había testigos-- el juez detectó "un error o vicio en el consentimiento del alumno", es decir, mala fe para anular la voluntad de una persona. La sentencia declaró nulo el contrato y obligó a pagar, tanto a la academia como al banco, una indemnización de 300 euros por daños y perjuicios.
-Otros casos a nivel nacional:
Si en Extremadura las denuncias contra las academias de inglés han surgido en los últimos tiempos, no ocurre así en otras regiones. Y es que son varias las comunidades autónomas donde las franquicias de Opening , Quick Center y Wall Street Institute acumulan cientos de reclamaciones por causas similares a las que argumentan los extremeños.
Es el caso de Madrid, donde la Oficina Municipal de Atención al Consumidor recibió el año pasado 400 reclamaciones contra las academias de inglés. De esta cifra el 80% corresponde a centros franquiciados de las grandes empresas del sector antes citadas.
La causa principal de las quejas es la apertura de créditos al consumo con entidades bancarias desconocidas cuando el usuario piensa que simplemente está domiciliando los recibos mensuales del curso de idiomas. Las tres empresas denunciadas negaron estas prácticas fraudulentas.
El caso de Gijón es más grave, tanto que se llegó a constituir la Asociación Asturiana de Consumidores Afectados por las Academias de Inglés. Según las denuncias presentadas por un centenar de exalumnos, por un presunto delito de estafa, durante casi un mes los responsables de la franquicia local de Wall Street Institute siguieron haciendo nuevos contratos pese a haber acordado previamente la disolución de la sociedad y la solicitud de quiebra.
Móstoles, Irún y Rentería han sido escenarios de casos similares.
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