EL censo elaborado cada cuatro años por el Instituto Nacional de Estadística no tiene por finalidad primordial medir el número de habitantes, pero el que se acaba de hacer público revela que España ha rebasado la cifra mágica, que hasta hace poco parecía inalcanzable, de los cuarenta millones. En realidad la fuente oficial de este dato, el padrón municipal que cada año aprueba el Consejo de Ministros, arrojó en diciembre pasado 41.116.842 habitantes.
Cuando durante casi una década hemos tenido la más baja tasa de natalidad del mundo, con perspectivas de ser a medio plazo el país más envejecido del planeta, parece que estas cifras permiten un respiro demográfico. Sin embargo tampoco parecen que supongan un cambio consolidado en la tendencia de los últimos años porque el actual índice de fertilidad -1,23 hijos por mujer- continúa muy alejado del 2,1 que asegura la tasa de reemplazo generacional.
El elemento fundamental que ha influido en la curva de población es sin duda el fenómeno migratorio. Una muestra del peso adquirido por la inmigración en nuestra demografía, es que en la última década ha crecido un 2% el número de españoles y un 300% el de extranjeros residentes en nuestro país. Semejante desproporción se debe a fenómenos coyunturales que, previsiblemente, no se van a mantener con igual intensidad en el futuro. El crecimiento de la población va determinado por el conjunto de factores, fundamentalmente económicos, del desarrollo. No hay mayor efecto llamada que la conjunción de la demanda de mano de obra en el interior con la extrema pobreza en países más o menos cercanos.
Del mismo modo, la localización del crecimiento demográfico de los últimos años es paralela al del económico: en el litoral mediterráneo y centro madrileño. Esa relación, no obstante, en nada aconseja limitar las políticas de población a criterios economicistas. Por ese camino exclusivo siempre quedaremos limitados a la alternativa en la que ahora nos encontramos respecto a la natalidad: ayudas indirectas mediante incentivos fiscales a la familia o subvenciones directas que disparan el gasto público.
Son precisas medidas más imaginativas para que la necesaria incorporación de la mujer al mundo laboral no sea, como ahora, a costa de que el 40% de las españolas en edad fértil no puedan satisfacer su instinto maternal, o para que las parejas jóvenes no consideren misión imposible constituir un hogar propio desde una mínima solvencia económica. El 1.500.000 de ciudadanos extranjeros censados por el Instituto Nacional de Estadística no incluye la totalidad de los inmigrantes que han paliado nuestro desequilibrio demográfico, pues aún perduran bolsas de ilegales, pero su creciente presencia engendrando nuevos descendientes merece de una vez una atención con políticas de estado, sin politiquería demagógica, en la que se otorguen medios y participación activa a los ayuntamientos, a fin de que la integración sea verdadero empeño común y, por tanto, garantía de cohesión social.