Los minusválidos quieren una ley que tenga en cuenta sus derechos y necesidades. En estos momentos están perfilando el borrador de una futura ley que pretenden presentar a todos los partidos políticos en los próximos meses, antes de la inminente campaña electoral autonómica, según informó ayer Manuel López Risco, presidente de Cermi, la organización que agrupa a los diversos colectivos de minusválidos de la región. Hasta ahora, la mayor parte de las relaciones entre los colectivos de minusválidos y las administraciones públicas extremeñas se vienen haciendo a través de convenios. Los minusválidos creen que ya ha llegado la hora de cambiar, de sustituir el acuerdo más o menos coyuntural por una ley que escriba blanco sobre negro sus derechos y sus necesidades. «Un convenio puede cambiar de un año para otro, una ley es diferente», explica el presidente de Cermi Manuel López Risco.
El Cermi, Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos, se creó en nuestra región hace dos años. Tras el comité ejecutivo de esta organización que preside López Risco hay 75.000 extremeños, el 7% de la población, que padecen algún tipo de minusvalías, física o psíquica. Además de esa Ley o Estatuto del Discapacitado, los minusválidos extremeños también se han marcado como objetivo a corto plazo la desaparición de las listas de espera que todavía existen a la hora de recibir ciertos servicios o atenciones. «Es cierto que quedan muy pocas listas de espera para los minusválidos, pero todavía hay algunos cuellos de botella a la hora de acceder a ciertos especialistas, en detección precoz... Queremos que esos cuellos de botella desaparezcan al 100%», afirmó anoche López Risco en una reunión de dirigentes extremeños de esta organización.
Alrededor de 200 personas, procedente de más de decena de organizaciones de minusválidos se dieron cita anoche en Mérida, para la presentación del plan de actuación que ha elaborado el Cermi para los próximos cuatro años. En esa reunión de anoche, a la que asistió como invitado el presidente extremeño Rodríguez Ibarra, la inmensa mayoría de los representantes de Cermi eran voluntarios, personas que están construyendo este amplísimo movimiento popular de manera totalmente desinteresada.
Ese asunto, la profesionalización, de las estructuras organizativas de la asociación, es otro reto que se ha impuesto este movimiento que surgió de manera espontánea hace ya unos años. Al margen de esos grandes objetivos, y de avanzar en la inserción laboral, el movimiento de los minusválidos extremeños incluye en su plan de actuación a medio plazo más de un centenar de propuestas tendentes a normalizar la vida de esas personas en toda su extensión. Entre esas medidas, ocupan una especial relevancia las destinadas a suprimir las barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad. En ese sentido, una de sus propuestas consiste en que en el plazo de seis años el 80% de los vehículos públicos están adaptados a sus necesidades.
Integración: El acceso al empleo, objetivo preferente.
Encontrar un trabajo. Ese será el objetivo central sobre el que van a volcarse las asociaciones de minusválidos en los próximos cuatro años y así se recoge en el Plan de Actuación del Cermi que anoche fue presentado en Mérida. Según datos del movimiento de minusválidos extremeños, en estos momentos hay alrededor de 2.300 empleos en el sector. De esa cifra casi 1.500 personas son minusválidos. A corto plazo, los minusválidos quieren que se amplíe esa cifra de empleo y desean que buena parte de esos trabajos no se creen en los tradicionales sectores del empleo más o menos protegido sino que sean empleos normalizados, iguales a los que desempeña cualquier otro trabajador. «Mediante el empleo conseguimos independencia económica, relaciones sociales y crecimiento personal, a la par que contribuimos a la creación de riqueza y al progreso de nuestro entorno...
La creación de empleo es una prioridad para el colectivo, ya que tanto la integración social como el desarrollo personal se logran fundamentalmente a través de la inserción laboral», se afirma en el Plan de Actuación de los minusválidos. Cumplir las leyes Para crear más empleo, los colectivos de minusválidos piden, en primer lugar, que se respete la legislación vigente, tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas. «El eje principal de nuestro Plan será el cumplimiento legal que marca la normativa existente para la reserva de puestos trabajo», indica el informe del Cermi. Entre las normas ya aprobadas que no siempre se cumplen, el Cermi recuerda que las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores deben reservar el 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, en la Ley de la Función Pública se dice que en las convocatorias de empleo público se deben reservar un 3% del conjunto de las plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Ibarra reconoce que «quedan cosas por las que luchar»
El presidente de la Junta manifestó, que la naturaleza de éste es reivindicativa ya que busca mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y, aunque se mostró «orgulloso de lo realizado», reconoció que «quedan cosas por las que luchar».Reclamó el apoyo de las instituciones para garantizar unas estructuras y recursos mínimos para así conseguir la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
Explicó que la actitud del Gobierno regional con el colectivo discapacitado responde a una estrategia política, social y económica, a la vez que destacó que el gran salto que éste ha protagonizado ha sido el de «no sentirse avergonzado de saber que se siente necesitado».
Fuente: hoy 23/10/02 - PABLO SÁNCHEZ - EFE - MÉRIDA