Día Internacional contra la violencia doméstica
Extremadura, a favor de una ley integral contra los malos tratos para solucionar una lacra que afecta fundamentalmente a las mujeres. Ese fue el clamor que surgió en Mérida durante el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se desarrolló en el Parlamento extremeño con la participación, entre otros, de representantes del Gobierno regional, sindicatos, partidos políticos y numerosos colectivos de mujeres.
La mayoría de los asistentes mostró su apoyo a la reforma legal, aunque la presidenta de la Plataforma de Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, recordó que el Partido Popular ya frenó esta propuesta al rechazarla en el Congreso.
El consejero de Cultura, Francisco Muñoz, aseguró que es necesario que el Gobierno elabore una ley integral que aborde la violencia de género desde un punto de vista multidisciplinar. Así, esta norma debería incidir en ámbitos como la educación, el marco jurídico o la situación laboral. El objetivo final, apuntó Muñoz, es que las mujeres puedan denunciar a sus agresores sabiendo que al final podrán ser reinsertadas en la sociedad sin ningún problema. Además, reclamó a los ayuntamientos extremeños que pongan los medios necesarios para crear un auténtica "red" de lucha contra los malos tratos que llegue a todos los rincones de la región.
El titular regional de Cultura, que tachó el problema de "lacra social", recordó las medidas puestas en marcha por la Junta, la más reciente un protocolo interdepartamental.
Ante un hemiciclo con nutrida presencia femenina --el presidente de la Asamblea, Manuel Veiga, aseguró que "así serán todos los parlamentos en pocos años"-- la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), María Josefa Caraballo, dejó claro que mientras la sociedad en general no se comprometa con la violencia de género "seguiremos siendo cómplices" de las muertes que se producen cada año. Al igual que Francisco Muñoz insistió en la necesidad de una ley integral, al tiempo que reconoció que con las políticas que desarrolla el Gobierno regional "no es suficiente".
La máxima responsable del Instituto de la Mujer recordó que este problema no tiene visos de terminar y lanzó un mensaje desesperado: "No más terrorismo doméstico".
El acto celebrado en Mérida contó con la presencia especial de Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, una mujer que fue asesinada por su pareja en 1997 días tras haber interpuesto más de 40 denuncias por malos tratos y de haber haber relatado su terrible experiencia por televisión. Un juez, recordó Cristina del Valle, la obligó a continuar viviendo con su agresor y que, a la postre, sería su asesino.
Antes del acto, la plataforma encabezada por Cristina del Valle mantuvo un encuentro con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Tras esta reunión, del Valle, que en su día formó parte del conocido grupo musical Amistades Peligrosas, reconoció la labor del Gobierno extremeño en la lucha contra los malos tratos.
Datos
Las denuncias de las extremeñas por malos tratos se han multiplicado en los últimos años y en el 2002, si se cumplen las previsiones, alcanzarán el millar por primera vez. Y es que, según los datos presentados recientemente por el Instituto de la Mujer de Extremadura, en los tres primeros trimestres del 2002 las extremeñas presentaron 701 denuncias, 44 más que en los doce meses del año pasado. Aún así, el Imex calcula que sólo se denuncian el 15% de los casos.
Protesta del mundo del espectáculo
La plataforma de artistas culpa a toda la sociedad. La Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, encabezada por la cantante Cristina del Valle, reclamó en Mérida a toda la sociedad española que "deje de ser cómplice de tanto sufrimiento".
Durante el acto institucional la escritora Nuria Varela leyó un manifiesto en el que culpó de este problema a todos los estamentos de la sociedad, y citó, entre otros, a la Iglesia, los vecinos "que guardan silencio", jueces, fiscales, agentes de las fuerzas de seguridad, políticos, periodistas, poder legislativo, intelectuales y programas de televisión. En su opinión, todos son "cómplices" de la violencia de género desde el "silencio" o incluso adoptando una actitud "prevaricadora".
Por su parte, Cristina del Valle insistió en que España "no es un país democrático" desde el momento en que miles de mujeres "viven torturadas, silenciadas y maltratadas en su propia casa". Además de Cristina del Valle y Nuria Varela, asistieron al acto la cantante Esmeralda Grao y la actriz Emma Ozores.
Valoración de los profesionales de la Justicia
Los profesionales de la región apoyan cambios legales para proteger a las maltratadas. La fiscal coordinadora del Servicio de Violencia Doméstica de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Amalia Cortés, respalda toda modificación legislativa que implique, o que por lo menos pretenda ampliar, la protección de las personas que se ven afectadas por la violencia doméstica. Reconoce, no obstante, que este tipo de procedimientos presenta cierta dificultad a la hora de cumplir el axioma de que todo delito o toda acusación ha de ser probada, "pues lo cierto es que no es fácil encontrar testigos, la gente que puede ser conocedora de situaciones de malos tratos hay veces que tiene miedo o no se quiere meter en problemas". Ante esta realidad, aboga por un mayor concienciación social sobre los malos tratos y anima a ser valientes denunciar judicialmente.
Pese a todo, Cortés insiste en que la valoración "ha de ser positiva, pues se incluye ya la violencia psíquica y se ha establecido un elenco de medidas cautelares exactas y determinadas que tienden a clarificar las situaciones y se pueden traducir en una verdadera protección a la víctima".
Algunos jueces abogan por castigar con prisión la violación de las órdenes de alejamiento. Joaquín González, juez titular del Juzgado número 5 de Cáceres, plantea como una medida para dar una mayor protección a las víctimas el introducir penas de prisión para aquellos maltratadores que violen la medida judicial de alejamiento. En estos momentos, señaló, los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento se castigan con una multa, "y yo en estos casos si que introduciría penas de prisión, castigaría con prisión a aquellos que violaran una medida judicial de alejamiento, pues quizás esta podría ser una solución para evitar las reincidencias".
Implicación social
Por otra parte, tanto Amalia Cortes como Joaquín González consideran que el tema de la violencia doméstica tiene que llevar unida una dotación social, una infraestructura social, algo que consideran incluso mucho más importante que las reformas penales. Ambos califican de "complejísimo" el tema de la violencia doméstica y estiman que la solución más que de tipo penal es de tipo social. "Se requiere para las víctimas un apoyo por parte de instituciones sociales para que no se sientan solas, para que se sientan ayudadas, protegidas, para que se le procure una formación, una posibilidad de acceso al mundo laboral, para que, en definitiva, tengan una oportunidad de poder formar parte de la sociedad como una individualidad".
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