480 millones de habitantes en un mercado único, una comunidad asentada en principios democráticos, y una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados – un tercio más de la actual.
La Europa ampliada, libre de irresolubles conflictos ideológicos, que se dibuja en los comienzos del nuevo siglo ensanchará la influencia y el poder político del viejo continente en el mundo.
Sin embargo, persisten incertidumbres sobre el éxito del proceso. Del lado de los países candidatos, falta por saber si serán capaces de adaptar sus economías a un mercado de libre competencia muy exigente.
En plena conversión hacia la moneda única, si podrá dominar las turbulencias sociales derivadas de su ampliación. Y, sobre todo, si es capaz de adaptar sus instituciones y encauzar el futuro sin colapsar su funcionamiento.
Contexto económico.
En los próximos 5 años, la UE ocupará un tercio más de territorio y
población - que, sin contar Turquía, alcanzará los 480 millones de habitantes-.
El producto interior bruto de la Unión sólo aumentará, sin embargo, un 5%.
Los problemas derivados de este enorme desfase se han tenido en cuenta desde el
principio. A través de los llamados acuerdos europeos, firmados con cada uno de
los países candidatos, se han trasvasado grandes cantidades para que
adapten sus economías y administraciones a las exigencias de la Unión. En el
periodo 2000-2006, los fondos ascenderán a 3 billones de pesetas.
Estas partidas han ayudado a que las economías candidatas a ingresar en la UE
presenten grandes niveles de crecimiento, en algunos casos espectaculares, y a
que, en general, mejoren sensiblemente sus cifras macroeconómicas.
Pendientes quedan asuntos como la lucha contra la corrupción o la reforma
profunda de sus administraciones públicas. Frente a estos obstáculos, países
miembros y candidatos, son conscientes de la oportunidad que supone para el
comercio y la actividad económica europea contar con cien millones de ciudadanos
más.
El euro.
Mientras tanto, Gobiernos e instituciones de la UE tienen en qué ocuparse. El desenlace definitivo de la implantación de la moneda única a partir de enero de 2002, la sustitución de las monedas nacionales por una única europea, supone un paso decisivo en la historia de la Unión, y en la de los propios países. Más que nunca, los ciudadanos percibirán en su quehacer cotidiano el efecto de una decisión colegiada y adoptada directamente desde Bruselas.
Contexto político.
La igualdad inicial de los países candidatos derivó rápidamente en un examen
de sus situaciones particulares. El ritmo de progresión hacia una convergencia
con la UE era diverso, y lo que sobre todo importaba a los mandatarios europeos
en un principio era la estabilidad política y el arraigo democrático.
En este sentido, el proceso de ampliación ha rendido ya frutos. A estas alturas,
la estabilidad política es un rasgo casi permanente del área del centro y este
europeo, y el riesgo de involución hacia el autoritarismo, pequeño. Sus
sociedades están enraizadas en valores comunes: democracia, Estado de
Derecho y respeto por los derechos humanos y las minorías.
Quedan problemas por resolver, como el respeto de las minorías en algunos países
(sobre todo, la comunidad gitana), discriminaciones de lenguas no oficiales, o
libertad de tránsito. Pero la voluntad y el interés, no solo de los candidatos
sino de la propia UE, por consumar la ampliación pueden ayudar a resolverlos. En
la mente de los políticos occidentales prevalece la idea de que la adhesión de
nuevos Estados incrementará el peso específico y la influencia de la Unión en la
escena internacional.
Contexto histórico.
En 1989 cayó el muro de Berlín. Con él, se derrumbaron los sistemas políticos
comunistas que cuajaron en el centro y este de Europa en la primera mitad del
siglo XX. Aquel momento histórico se convirtió, además, en la oportunidad de
superar la división cultural, social y económica arraigada en el viejo
continente tras la segunda guerra mundial.
Así lo percibieron los mandatarios europeos que en 1992 firmaron el Tratado de
Maastricht. El nacimiento ese año de la Unión Europea –institución que
representaba una visión más integradora del proceso de construcción europea, y
que sustituyó a la antigua CEE- ya contempló la posibilidad de un futuro en el
que los socios occidentales convivieran bajo las mismas reglas de juego con las
sociedades poscomunistas del otro lado del extinto telón de acero.
Un año después, en Copenhague, la Unión Europea fijó los criterios
imprescindibles que debe reunir un país candidato para ser aceptado como
miembro. Las naciones de la Europa central y oriental, así como Chipre, Malta y
Turquía, partieron en la misma posición de salida y en condiciones de igualdad.
Aquellos requisitos establecidos en 1993 –político, económico y jurídico- han
servido como barómetro para la evaluación que la Comisión Europea plasma en sus
informes sobre los progresos de los aspirantes.
La reforma de la Unión.
La pregunta a lo largo del proceso de ampliación es si los países candidatos son capaces de adaptarse a las exigencias europeas. Últimamente sobre todo, ha surgido una segunda cuestión, no menos importante: ¿tiene la UE capacidad de adaptación para que la entrada de nuevos países no afecte al funcionamiento de sus instituciones?. Si se atiende a la evolución del proceso en 2001, la respuesta no parece tan sencilla.
A principios de año, los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince aprobaron, a trancas y barrancas, el Tratado de Niza. Éste plasma un precario equilibrio en el reparto de poder
entre los distintos países miembros tras la ampliación. La lucha entre países pobres y pequeños por mantener o aumentar su poder en la adopción de decisiones ensombreció el objetivo principal de la norma jurídica, que las instituciones europeas funcionen con 12 o 13 miembros más de los que tiene actualmente. Los acontecimientos sucedidos tras la firma confirman la precariedad del proceso de ampliación europea.
El debate sobre Europa.
Las urgencias del presente no han podido ocultar el debate, que ha emergido con fuerza desde principios de 2001, sobre el futuro de Europa. ¿Mayor integración, o devolución de competencias a los Estados?¿Es necesaria una constitución europea? ¿Cómo se pueden democratizar y hacer más participativas las instituciones de la UE?
Los mandatarios europeos toman posiciones, se suceden encuentros y desencuentros entre las propuestas. Todos coinciden en que, no importa cuál sea el camino definitivo a seguir, el proceso de ampliación, que probablemente se materialice a partir de 2004, gravita sobre el futuro de Europa.