El Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno a las profundas reformas en la enseñanza promovidas por el Ministerio de Educación y que se han plasmado en la controvertida Ley de Calidad. La normativa, que llegará al Congreso en septiembre y que empezará a aplicarse en el curso 2004-2005, cambia desde sus cimientos la Secundaria Obligatoria, la etapa más compleja desde la promulgación de la Logse, y recupera la reválida, un examen obligatorio para todos los alumnos que finalicen el Bachillerato y que quieran acceder a la universidad.
El respaldo definitivo del Gobierno a la legislación ha vuelto a encender un debate que permanecía 'dormido' desde hace semanas y que será todavía más vivo tras el verano. El departamento dirigido por Pilar del Castillo, muy criticado desde ámbitos políticos y educativos por redactar una ley «sin un diagnóstico serio» y por anunciar «con cuentagotas» sus principales artículos, insiste en que la reforma resulta fundamental para poner freno a los elevados índices de fracaso escolar en España, cercanos al 30%, y para flexibilizar los estudios que puedan escoger los escolares en Secundaria.
Para ello, el ministerio ha introducido importantes modificaciones en aquellos aspectos defendidos con mayor ahínco por el anterior Ejecutivo socialista y que tuvieron su repercusión en la Logse, la normativa que ha regulado el sistema de enseñanza en la última década.
Repetición de curso
Es el caso de la promoción automática, un sistema que será eliminado para evitar que los jóvenes puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas.
Desde 2004, los alumnos con tres o más materias no superadas deberán repetir el año académico.
Otra variante significativa es la puesta en marcha de los polémicos itinerarios formativos a partir del tercer curso de la ESO. Con 14 años, los alumnos podrán escoger dos vías: una de orientación técnico-profesional y otra de orientación científico-humanística. En cuarto curso, habrá tres 'caminos': técnico-profesional, científico y humanístico. El ministerio ha establecido un cambio en el último momento que permitirá acceder con carácter excepcional al Bachillerato a un estudiante que sólo tenga un suspenso al finalizar la ESO.
Serán precisamente los futuros bachilleres otros de los jóvenes más afectados por la reforma. Ya no les valdrá con aprobar todas las asignaturas, sino que tendrán que certificar sus conocimientos al finalizar el segundo año mediante la superación de la reválida o Prueba General del Bachillerato (PGB). El examen tendrá una parte común, elaborada por el ministerio, y una específica, diseñada por los responsables de Educación de cada comunidad autónoma. Los alumnos tendrán cuatro convocatorias y sólo podrán cursar una carrera universitaria quienes superen el ejercicio. Los que no lo hagan y quieran acceder a la FP de grado superior tendrán un examen alternativo, aún por definir. Este último punto también ha sido incluido a última hora y es fruto del «debate y las aportaciones» de los diferentes sectores del mundo de la enseñanza.
Otra 'enmienda' incorporada al final por el ministerio introduce un nuevo criterio para la admisión de alumnos al conceder prioridad de elección de centro escolar a las familias numerosas. «Hemos modernizado el sistema educativo para que se convierta en una red de oportunidades con múltiples entradas y salidas», subrayó ayer Pilar del Castillo, quien aseguró que la nueva fórmula de financiación autonómica, aprobada por todas las regiones, prevé los mecanismos necesarios para hacer frente al gasto de las reformas.
El próximo mes de octubre será previsiblemente agitado. El Sindicato de Estudiantes ha pedido a la comunidad educativa que se movilice y convoque una huelga general.
Fuente: Hoy 27/07/02 - IVÁN ORIO - BILBAO