MADRID. La imagen estereotipada del inmigrante varón, pobre y analfabeto se aleja de la realidad. Los porcentajes demuestran que los recursos educativos de los extranjeros no comunitarios van en aumento y no sólo de los que residen de manera legal en nuestro país. A los irregulares, desde luego, no se les puede calificar de «indocumentados» si se tiene en cuenta que seis de cada diez tienen estudios medios o universitarios. Así lo explica el catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña, Antonio Izquierdo, en su trabajo «La educación errante». La investigación, que forma parte del volumen «La sociedad. Teoría e investigación empírica», editado por el CIS, será presentada este mes en Madrid. Del análisis de los datos se concluye que los extranjeros no comunitarios cuentan con unos recursos educativos superiores a los de los autóctonos en los nuevos países de inmigración del sur de Europa. En Grecia, Italia, Portugal y España el porcentaje de inmigrantes con estudios universitarios supera al de la media nacional.
Por lo que respecta a los «sin papeles», el estudio confirma que entre ellos tampoco domina el analfabetismo. Lo demuestra el hecho de que el 47 por ciento de los inmigrantes que solicitaron regularizar su situación en el año 2000 había realizado estudios de Bachillerato o Formación Profesional y casi un tercio había llegado a la enseñanza superior incluyendo estudios de diplomaturas. Pese a su elevado nivel educativo, la mayoría de los inmigrantes no tiene un puesto de trabajo relacionado con su titulación. Dan la talla formativa, pero la mayoría están encuadrados en lo que se denomina trabajos de «mono azul». Y es que «ni los poderes públicos, ni la sociedad valora y acepta que la formación de los inmigrantes es siempre superior al promedio en su país y que muchas veces está por encima del que nosotros exhibimos», asegura Izquierdo. Esta afirmación se sustenta en una realidad: los extranjeros se escogen entre lo más granado de sus países, lo que echa por tierra también la idea según la cual los inmigrantes que vienen a España carecen de aptitud profesional.
Los «sin papeles» que solicitaron algún tipo de permiso en la regularización del año 2000 desarrollaban en su país trabajos cualificados. Al menos uno de cada cuatro desempeñaba «tareas limpias» (ATS, profesores, periodistas o técnicos). En España, esos mismos puestos sólo los ocupa uno de cada diez. La estabilidad social y política junto al nivel de los salarios es lo que les compensa respecto a otras pérdidas. Lo que ganan aquí les sirve para comprar en su país bienes inmuebles u otras propiedades que esperan rentabilizar a su vuelta, si es que regresan porque el 40 por ciento está decidido a quedarse a vivir en nuestro país.
El estudio concluye que «dado que se les supone sin cualificación profesional y, lo que es aún peor, sin capacidad de aprender», es lógica la idea de que su aportación económica va a ser muy limitada, y que «en el mejor de los supuestos recargarán los servicios sociales y en el peor de los casos aumentará la delincuencia». El resultado de esta percepción es que sólo se les encuentra aptos para ocupar ciertos «nichos laborales» y que, además, se prefiere que lo hagan de un modo temporal.