Los principales motivos que aducen los convocantes de la huelga contra la ley de Calidad son, en resumen, los siguientes: la Ley es segregadora, favorece a la escuela privada por encima de la pública, incita al autoritarismo docente y directivo, es antidemocrática por obstaculizar la participación, invade competencias de las Comunidades Autónomas y, para colmo, no es respaldada por ningún partido político a excepción del PP, dispuesto a imponerla a los demás por su mayoría parlamentaria. Se repiten tanto estos motivos que una parte importante de la sociedad española ha acabado por sospechar que son ciertos.
No lo son, salvo el último. He estudiado hasta el empacho el texto de esta Ley. No veo cómo una Ley que mantiene juntos a los alumnos en los mismos centros y en la mayor parte de las materias (en la escuela pública tanto como en la privada) durante toda la escolarización obligatoria puede ser tachada de segregadora. ¿Qué habría que decir, entonces, de muchos países desarrollados y democráticos? No veo en qué cambia sustancialmente la normativa sobre centros privados concertados en relación a leyes anteriores, y sí veo en cambio una voluntad clara de mejorar al sector público, de modo que pueda competir ventajosamente con el privado. Tampoco veo por parte alguna síntomas de autoritarismo, sino más bien, en línea con la ley socialista anterior (la Lopeg), un afán de devolver confianza, prestigio y motivación al profesorado y, muy particularmente, a quienes desempeñan tareas de dirección en los centros, cosas que de tan necesarias resultan peregrinas. Sobre el tema de participación, ya iba siendo hora de reconocerla abiertamente sin confundirla con la conducción de los centros, por un lado, y con el desmadre, por otro. Nada diré, porque ya lo he dicho, sobre la inexistente invasión de competencias. ¿Qué queda entonces? Lo último: efectivamente, se puede decir, con respecto al Gobierno y al PP, que «los han dejao solos», como a los de Tudela. Seguramente también tiene el Gobierno parte de culpa. Pero a poco que se observe, cada uno de los partidos oponentes responde a motivaciones propias, suyas, que rara vez son estrictamente educacionales y que, más todavía, manifiestan un preocupante divorcio con respecto a las necesidades, preocupaciones y deseos de muchos padres, profesores y alumnos. De ahí que el Gobierno, a estas alturas, no pueda ya cantar «de cualquier manera» y dejar de cumplir con lo que es su deber: sacar la Ley adelante.