El Congreso aprobó ayer la reforma del paro sin incluir la recuperación del PER, que los sindicatos esperaban que el Gobierno hubiera decidido incluir a última hora.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva el proyecto de ley que reforma el seguro de desempleo, y en el que se incorporan las modificaciones introducidas por el Gobierno el pasado septiembre y que fueron aprobadas en el Senado. La nueva ley contó con el apoyo del PP, Ciu y CC, mientras que PSOE , IU, PNV y BNG la rechazaron por entender que la norma aún mantiene carencias, como haber eliminado el subsidio agrario.
De esta forma, las modificaciones presentadas por el titular de Trabajo, Eduardo Zaplana, a los líderes sindicales y empresariales entrarán en vigor dentro de 20 días, sin que los cambios tengan carácter retroactivo. En estos cambios se incluye la modificación introducida en el Senado por la que la Administración de Justicia se hace cargo de los salarios de tramitación cuando la sentencia tarda más de 60 días, según la iniciativa del propio Zaplana. El ministro ha conseguido con todos estos cambios recuperar la paz social que había quedado rota con esta norma, aprobada como decreto ley por el Gobierno el 24 de mayo, y que supuso la convocatoria de la huelga general del pasado 20 de junio.
Sólo queda un conflicto abierto
El único escollo que aún se mantiene abierto es el subsidio agrario, donde el Gobierno mantiene su postura inicial de no restituirlo, pese a las peticiones de PSOE, IU, PNV y BNG, así como de las centrales sindicales UGT y CC.OO. que insisten, tras su aprobación, en que no era la reforma que necesitaba el país. Desde el PSOE, Rafael Velasco, lamentó desde la tribuna de oradores del Congreso el trámite «embarullado» de esta reforma, que afecta al 25% de la población (Andalucía y Extremadura).
Por su parte, el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, denunció que mientras se elimina el PER no se compense a los 200.000 trabajadores afectados, y anunció que su grupo «luchará por tierra, mar y cielo» por su restitución. También el peneuvista Iñaki Txueka echó en falta medidas para compensar a los perjudicados, mientras desde el BNG se criticó el carácter «restrictivo e impropio» de la ley.