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El PP, dispuesto a
reconocer derecho de voto a los rectores en el Consejo Social «Esperamos que los grupos parlamentarios seamos capaces de abrir un debate y modificar esta ley antes de su aprobación». Carme Chacón, secretaria federal de Educación del PSOE duda, no obstante, de que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, se avenga ahora a escuchar a la oposición cuando «ha marginado del debate anterior a los sectores educativos y a las CC. AA.». Como primer grupo de la oposición, el PSOE expresó su radical desacuerdo con la mayoría de las disposiciones del proyecto en las 187 enmiendas al articulado presentadas esta semana. Con especial atención al capítulo financiero, los socialistas reclaman que en una década España equipare el gasto en educación universitaria pública por alumno a la media europea. «Sólo Grecia está por detrás de nosotros», recuerda Chacón, que defiende además la necesidad de que la cobertura del sistema de becas alcance al 40% del alumnado superior y se duplique la cuantía individual actual en igual plazo de diez años. IU rebaja este período a sólo cinco años para equiparar la inversión pública española en la Universidad al promedio comunitario. Entre sus muchas enmiendas, el PSOE denuncia la actual descoordinación del sistema nacional de Ciencia e Investigación, dividido entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el de Educación, competente sobre los centros universitarios, de los que sale casi el 70% de la actividad investigadora española. Para subsanar esta situación, propone crear un Consejo Universitario de Investigación que actúe como enlace entre ambos departamentos y organice la incorporación universitaria al Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Además, cree necesaria la exención total o parcial de sus quehaceres docentes, por un tiempo limitado, a aquellos docentes universitario inmersos en proyectos de investigación considerados de interés. Muy crítico con la «invasión» en la autonomía universitaria y en las competencias de las Comunidades Autónomas que detectan en un proyecto de ley 'centralista', el PSOE acepta, no obstante, la creación de una Agencia Nacional de Evaluación encargada de habilitar al profesorado que opte a una plaza funcionarial. Siempre -precisa- que se trate de una Agencia independiente y "acorde" con la realidad autonómica en sus ámbitos específicos. Los socialistas detectan también 24 artículos de la Ley que incurren en una, a su juicio, evidente «sustracción y absorción gubernamental de la autonomía universitaria», como el no reconocimiento de derecho de voto del rector dentro del Consejo Social de cada Universidad. Invasión de competencias En sus 56 enmiendas IU insiste en la financiación. Sin un incremento de los fondos destinados a la Universidad pública, las proclamas del Ministerio de Educación a favor de una educación superior de calidad, de la movilidad de profesorado y alumnos quedarán en pura teoría. Entre sus correcciones al proyecto, rechaza el método de elección del rector por sufragio directo con voto ponderado y se suma a las objeciones de los grupos nacionalistas a la «invasión de las competencias de las CC. AA.» que detectan en el actual proyecto. En este sentido orientan la mayoría de sus enmiendas CiU ( 57 enmiendas) y el PNV (70 ). Los nacionalistas catalanes solicitan un reconocimiento más claro en la Ley de la capacidad normativa de las CC. AA. en cuestiones como los requisitos de calidad de la enseñanza universitaria, obtención de títulos, institutos univesitarios de investigación o acceso a la Universidad, entre otros, y discrepan de una habilitación nacional del profesorado si no es coordinada o complementaria de la que determinen las distintas Comunidades Autónomas. En cuanto a las Autonomías, la filosofía del proyecto de Del Castillo es «pongan ustedes (las CC. AA. ) el dinero para que se cumplan mis programas», a decir del portavoz en Educación del PNV, Joxe Joan González de Txabarri. |