la protesta universitaria:

Es ciertamente extraño que se produzca una comunidad de intereses tan contrapuestos como son los que puedan alentar los alumnos y los rectores. La endogamia, un mal universitario que sin duda ha deteriorado gravísimamente la calidad de nuestra enseñanza superior pública, no parece preocupar a quienes dirigen los destinos académicos de nuestros Centros, y, sin embargo, no puede agradar al personal discente, que sí pierde con ella. Tampoco se ve qué papel desempeñan en esta controversia los sindicatos -¿están defendiendo los intereses de los profesores o de los alumnos?-, cuyos fines sólo lindan con los educativos si se adopta una perspectiva muy flexible. Pero la protesta es un hecho, y debe ser endosada respetuosamente por el Gobierno, que, aunque obligado evidentemente a defender en primer lugar los intereses generales, tiene el deber también de ser sensible a los intereses particulares que están en juego en el proceso legislativo.

Pilar del Castillo, autora del proyecto de ley, ha insinuado que las protestas se deben a que la mayor parte de los discrepantes no conocen a fondo el proyecto de ley. Aunque así fuera, éste no puede ser un argumento político: no es legítimo descalificar el voto democrático en unas elecciones por el hecho de que los ciudadanos no se hayan leído la letra pequeña de los programas electorales de los partidos. La espontaneidad social es sagrada, y si se producen movilizaciones, hay que creer que tienen un fundamento psicológico y político profundo que las legitima. Otra cosa sería desconfiar del sistema representativo que nos hemos dado.

El proyecto de Ley Orgánica de Universidades es, lógicamente, opinable, pero sin duda contiene elementos positivos, que modernizarán la institución, atacarán algunos de sus defectos estructurales y remedirán algunas de sus carencias. El sistema de habilitación nacional de profesores constituye un arma poderosa contra la endogamia, si bien puede entenderse como una merma de la autonomía universitaria. Y el nuevo modelo de organización, con la elección del rector por sufragio universal, no es necesariamente peor que el vigente, que ha demostrado ciertas debilidades en la práctica, seguramente a causa de que la normativa actual tiene ya demasiados años. De cualquier modo, todo indica que las encendidas protestas que recibe el proyecto de ley no se deben tanto al fondo de la norma cuanto al procedimiento legislativo mismo, que no se considera el resultado de un gran debate nacional sobre este complejo y decisivo asunto.

Educación ha esgrimido como argumento que la ley vigente fue aprobada por el procedimiento de urgencia sin apenas debate en la etapa de mayoría absoluta socialista. Ésta no es razón para eludir ahora la negociación y el debate. Ciertamente, Pilar del Castillo ha hablado con todas las partes, pero los distintos estamentos universitarios no se consideran satisfechos con el resultado final. Y, si se quiere lograr una ley perdurable en el tiempo -estas normas deben tener una vida de al menos veinte años-, será necesario reabrir el diálogo para permitir más aportaciones de la sociedad civil a la ley en ciernes.

Conviene sin embargo hacer algunas precisiones: es un sofisma pretender que una ley de reforma de la Universidad ha de recoger todas las pretensiones de la comunidad universitaria. Si se proyecta una nueva ley es precisamente para remediar las disfunciones que la Universidad actual muestra, y ello debe ser realizado por la representación política de los ciudadanos, única capaz de tomar en cuenta y equilibrar todos los intereses en juego. En consecuencia, el diálogo que quizá siga siendo necesario no ha de entenderse como una acomodación de la norma a los deseos de los rectores, profesores y estudiantes sino como una 'recogida de datos' que permita ajustar más el equilibrio final. Bien entendido que, una vez que se apruebe y promulgue la ley, resultarían inconcebibles y reprobables las anunciadas actitudes de 'desobediencia civil' por parte de algunos de los actores del sistema educativo.