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CONSECUENCIAS DE LA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACION
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La federación de padres, CCOO, UGT, el Sindicato de Estudiantes, PSOE e IU creen vital frenar la ley |
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PP y los dos sindicatos de profesores con más peso, ANPE y CSIF, no apoyan el paro de mañana |
La huelga general convocada mañana en el sector de la educación no universitaria por UGT, CCOO y el Sindicato de Estudiantes para exigir la paralización de la Ley de Calidad de la Enseñanza mantiene fuertemente dividida a la sociedad extremeña. Partidarios y detractores han iniciado un amplio debate sobre la importancia o los inconvenientes de las reformas que pretende llevar a cabo el ministerio que dirige Pilar del Castillo, mediante una ley que se encuentra ya en tramitación parlamentaria y que desde que comenzó a tomar forma suscitó una gran polémica entre políticos, profesores, padres y alumnos.
En Extremadura, un total de 197.000 alumnos y 15.000 profesores están llamados a una huelga que pretende frenar las reformas de una normativa cuyo objetivo, según el Gobierno, es sustituir a otra ley (LOGSE) que ha fracasado en sus fines, perjudicando al sistema educativo.
Pero no todos acudirán a las protestas programadas por los sindicatos en Badajoz y Cáceres, lo que supondrá que las aulas no se cierren en la región. No obstante, los profesores aseguran que en jornadas de paro como la de mañana las clases suelen suspenderse, debido a la ausencia de profesores y a que muchos padres deciden no llevar a sus hijos al colegio.
A FAVOR Y EN CONTRA
Mientras que PSOE, IU, la Coordinadora No al Traslado de los Niños, la Federación Regional de Padres de Alumnos (Freapa), la Plataforma Extremeña por la Enseñanza Pública, la Plataforma de Interinos Docentes de Extremadura (PIDE), el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Extremadura (STE) y la Junta de Extremadura han mostrado su apoyo a la convocatoria, el Partido Popular, el Sindicato Independiente de Profesores (ANPE), la Federación Autonómica de Centros Docentes Privados de Extremadura (Fecepex) y el sindicato CSI-CSIF han hecho público su desacuerdo con la jornada de paro, aunque por motivos diferentes.
Desde el Partido Popular de Extremadura sostienen que la jornada de mañana será un fracaso, ya que aseguran que el proyecto elaborado por el Ministerio de Educación cuenta con el apoyo de la "inmensa mayoría" del profesorado y de más de 39 organizaciones vinculadas al mundo de la educación.
Pero quizá el rechazo a la huelga que más repercusión ha tenido es el de ANPE, el principal sindicato extremeño de profesores, que considera que se está utilizando la educación como una "lucha partidista" mediante una campaña que ha intentado mover a la sociedad contra la ley. A pesar de reconocer las carencias con las que cuenta el proyecto que ahora debate el Parlamento, desde el sindicato CSI-CSIF valoran numerosas medidas incluidas en una ley que, dicen, evitará algunas situaciones importantes como la pasividad y el desinterés del alumno.
BUSCAR EL CONSENSO
Por su parte, los detractores de la ley de calidad inciden en la importancia de generar un debate sobre los problemas del actual sistema educativo y en la necesidad de alcanzar un consenso con todos los sectores implicados para mejorarlo, ya que sostienen que con la nueva normativa no se resolverá el fracaso escolar. No obstante, sus argumentos de rechazo también difieren en algunos puntos.
La federación de padres advierte de que la nueva normativa favorecerá la enseñanza privada, estableciendo además un duro modelo de escuela que no permite la participación de padres y profesores.
A estos argumentos, la Plataforma por la Enseñanza Pública suma la devaluación que se producirá en las competencias de claustros y consejos escolares, al negarles la participación en la elección del director, que pasará a ser elegido por la Administración. Asimismo, comparte con los padres la idea de una ley elitista que provocará, advierten, que los centros públicos "atiendan a las capas más desfavorecidas de la sociedad".
La financiación es otra de las claves. La Coordinadora No al Traslado de Niños, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de 82 pueblos, insiste en que "la ley nace sin financiación concreta y no establece normas de seguimiento y control efectivo de la comunidad educativa".
El mismo argumento esgrime el Grupo Parlamentario Socialista, que además indica que la normativa no se ha consensuado con los partidos políticos, las fuerzas sociales y las comunidades autónomas, a pesar de que éstas ya han asumido las competencias en materia educativa. Además, el Partido Socialista presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo al que ahora se debate.
CARA A CARA
JOSE MARIA ROSADO.
Secretario gral. de Enseñanza de CCOO en
Extremadura
Una ley clasista y segregadora
Reconozco que existen problemas en la educación actual. También, que existe en toda la comunidad educativa una coincidencia significativa en la necesidad de abordar cambios y adoptar medidas para mejorar el sistema. Los cambios en la educación, desde la transición democrática, han venido ocurriendo cada cierto tiempo y mediante sucesivas leyes, con el objetivo de adaptarla a las nuevas necesidades sociales. Pero siempre extendiendo más la educación, ampliando aspectos educativos, incorporando las nuevas ideas, contribuyendo a la disminución de desigualdades e igualando oportunidades.
Por tanto, sería preciso acordar el punto de partida para realizar un diagnóstico del sistema educativo compartido por la comunidad educativa. Después, consensuar las medidas de mejora. En estas primeras consideraciones ya empieza mal la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE). La responsable política, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, no ha partido de un estudio riguroso, al menos no conocido.
Los informes internacionales Pisa y Eurydice (ignorados por la ministra) aseguran en sus conclusiones que la educación en España es buena porque consigue igualdad de resultados. Y plantean como reto mejorar estos resultados sin abandonar la igualdad.
Pero volviendo al proyecto de ley, es mejor, en mi opinión, leerlo que un imagínense ustedes . Porque de lo que está escrito, se desprende una ruptura con la tendencia de avance de las leyes educativas, para convertirse en una ley retrógrada, clasista, segregadora y antidemocrática. Así, retorna a la vieja concepción asistencial de la educación infantil en el tramo 0 a 3 años, potencia la primacía de la enseñanza privada, excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, merma la participación de los trabajadores de la enseñanza y resta el papel a los padres y madres en el Consejo Escolar.
¿Cómo va a mejorar esta ley la situación de los centros reduciendo los recursos? ¿Va a mejorar la convivencia con un director externo al centro? ¿Mejorará la implicación del profesorado cuando éste ya no va a tomar decisiones? La concentración de los alumnos con necesidades educativas sólo en los centros públicos, ¿va a mejorar el clima de convivencia y la imagen de estos centros? ¿Se van a poder introducir mejoras reduciendo en los Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas a educación?
Nos encontramos ante un momento crucial para la educación. Creo que los que estamos preocupados por mantener la educación como motor de igualdad y cambio social, no debemos renunciar a estos principios. Debemos actuar, desde nuestro papel de padres, de trabajadores, como alumnos, como ciudadanos, como agentes del progreso social y luchar para que las propuestas de mejora del sistema sean compar- tidas y consensu- adas con la comunidad educativa.
SONIA BARTIVAS.
Presidenta regional del sindicato de
profesores ANPE
Motivos para no ir a la huelga
Ante los graves problemas del sistema educativo español, especialmente ante el fracaso de la LOGSE, ante un elevado fracaso escolar, y por una creciente indisciplina escolar unida a una insostenible pérdida de respeto y autoridad del profesorado, así como por los cambios sociales experimentados en la última década en España; todas las fuerzas sociales y políticas de nuestro país consideran necesaria una reforma de nuestro marco educativo.
Las distintas argumentaciones y la huelga convocada para mañana responden a una marcada campaña que pretende el posicionamiento de la sociedad contra el proyecto de Ley de Calidad de la Educación. ANPE desde su independencia y profesionalidad también desea que el profesorado se posicione al respecto, pero no tiene intención de deformar la realidad para que se llegue a juicios falsos.
Sólo a través de la información se puede generar opinión. Veamos qué se dice del proyecto de ley de calidad, por los que la critican:
No es cierto que la ley incremente las desigualdades sociales; ahora se frena la preparación de los más capacitados, que pueden pertenecer a cualquier nivel social, y la discriminación se produce al final del proceso educativo, cuando los más poderosos pueden, fuera del sistema, superar el igualitarismo, circunstancia no alcanzable por los pertenecientes a clases menos favorecidas. Tampoco es cierto que los itinerarios sean negativos, porque ha quedado demostrado que la promoción automática ha sido un rotundo fracaso. La elección de itinerario en 3º de ESO es voluntaria y reversible.
La reválida no significa una vuelta atrás, todo lo contrario, la Prueba General de Bachillerato servirá para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos en las distintas comunidades autónomas y en la doble red existente: pública y privada.
Comentan que el Gobierno no ha negociado con nadie. Hay que ser honestos y decir que sí se han producido negociaciones con todos los sectores educativos.
ANPE ha conseguido introducir, a través de sus propuestas, mejoras en el texto del proyecto de calidad:
Desde ANPE creemos que en ningún caso se debe utilizar la educación en la lucha partidista. En su día nos opusimos a la Logse pero pese a ello, ANPE no tuvo la tentación de utilizar al profesorado en movilizaciones; por consiguiente, ahora que la futura ley mejora a la anterior, tenemos más razones para no ir a la huelga.