Los disturbios provocados por el nuevo horario de cierre de los bares de Cáceres ha levantado mil y una reacciones desde diversos ámbitos, al tiempo que ha despertado un debate social suficientemente tratado por los medios de comunicación de todo el país. Los enfrentamientos de La Madrila no podrán entenderse si no se contempla el problema desde su propia raíz. El despliegue policial, las detenciones, los heridos o, simplemente, el alud de críticas al sistema impuesto no tienen por qué estar derivado de un prolongado desencuentro político entre las administraciones, porque, realmente no lo ha habido, si exceptuamos las últimas declaraciones políticas a consecuencia de la movida. La génesis del problema sólo se podrá entender si barajamos los aspectos técnicos del asunto. Sólo con una estricta aplicación de la normativa, sin vaivenes, se podrá poner orden allí donde no lo hay; de lo que se trata es de acomodar fiscalmente a aquellos establecimientos atendiendo a su oferta. Es decir, un bar normal deberá aplicar el horario que establece la ley, mientras que uno de carácter especial tendrá que supeditarse, igualmente, a la norma que lo regule. Cáceres es una ciudad que, lejos de los tópicos, tiene un perfil especial y sólo desde esta perspectiva se puede llegar a un diálogo social hoy necesario.