una ley equipara las parejas de hecho a los matrimonios:

Alrededor de 6.400 personas conviven en parejas de hecho en Extremadura, lo que supone que hay alrededor de 3.200 uniones de este tipo en la comunidad autónoma. En este sentido, la consejera de Bienestar Social de la Junta, Ana Garrido, presentó ayer el Anteproyecto de Ley de Parejas de Hecho, que iguala los derechos de estas uniones --con independencia de su tendencia sexual-- con los matrimonios dentro de las competencias que tiene la comunidad.

La responsable extremeña de Bienestar Social explicó que se están realizando diversos estudios dentro del Plan Integral de Familia y del Plan Integral de Inclusión. Entre otras cosas, estos informes señalan que el 0,6% de los extremeños (6.400 personas) vive con su pareja de hecho, un segmento de la población que, en general, tiene entre 32 y 33 años.

Además, Ana Garrido presentó las líneas generales de la Ley de Parejas de Hecho, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. La consejera explicó que el principal objetivo de esta norma es garantizar, dentro de las competencias autonómicas, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

De esta forma, la consejera señaló que responde a algunos de los principios básicos sobre igualdad y libertad que marca la Constitución, al tiempo que criticó la ausencia de una normativa nacional que regule esta situación. Garrido dejó claro que la ley extremeña se ha visto "limitada" por las competencias autonómicas, que no permiten que se regulen desde Extremadura aspectos como el régimen económico, cuestiones sucesorias o efectos civiles. A su juicio, lo que hace falta en España es "una ley única, nacional, en todo el territorio", puesto que en estos momentos los derechos de una pareja dependen en gran medida de la comunidad en la que viva.

Para Garrido, la Ley de Parejas de Hecho de Extremadura responde a la necesidad de "hacer una interpretación amplia de lo que entendemos por familia, consecuente con nuestra realidad actual". Así, en la región tendrá la consideración de familia "un nuevo modelo no fundado únicamente en el vínculo matrimonial, sino en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptados". Para que se considere que una pareja es estable debe demostrar que ha convivido durante un periodo mínimo ininterrumpido de un año.

A partir de ahí, el siguiente requisito será el de inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la comunidad, única exigencia para acceder a los derechos que reconocerá la norma extremeña. Entre éstos no se encuentra la posibilidad de que las parejas de hecho adopten niños, aunque sí se contempla su derecho a la figura del acogimiento, bien sea de carácter temporal o permanente. La principal diferencia estriba, según dijo la consejera, en que en el caso del acogimiento la tutela legal continúa en manos de los padres biológicos del menor.

Por lo que se refiere al personal de la Junta de Extremadura, todos los trabajadores inscritos en el Registro de Parejas de Hecho tendrán los mismos derechos que los matrimonios. Garrido destacó que podrán acceder a reducciones de jornada, permisos, excedencias o indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento en la misma medida que los casados. También podrán acceder a las ayudas para situaciones de emergencia, lo mismo que ocurrirá materia presupuestaria, es decir, con las subvenciones que concede la Junta de Extremadura y los tributos autonómicos. Esto posibilitará su acceso a viviendas sociales y a las ayudas para Viviendas de Protección Oficial.

Ana Garrido recordó que en 1994 la UE reclamó a todos los países la puesta en marcha de sus propias leyes estatales, lo que según ella supone que "hay un incumplimiento claro del Gobierno a pesar de la Constitución".

Antes que el Gobierno extremeño al menos ocho comunidades autónomas habían iniciado el proceso normativo para regular las parejas de hecho antes de esta fecha.

El 15 de julio de 1998 entró en vigor en Cataluña la primera ley de parejas de hecho del país, una norma autonómica que por primera vez reconocía los derechos de este tipo de uniones.

Sin embargo, al igual que las leyes posteriores, discrimina a las parejas homosexuales frente a las heterosexuales en lo que se refiere a la adopción. Menos de un año después Aragón seguía los pasos de los catalanes y aprobaba su propia normativa.

El año más prolífico en este sentido fue el 2001, fecha en la que vieron la luz la Ley de Parejas de Navarra, y las leyes de parejas de hecho de Valencia, el Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid, así como la Ley de Parejas Estables de las Islas Baleares.

En estos momentos, además de la ley extremeña también está en plena tramitación legal el proyecto de la Junta de Andalucía.

Cuando en 1997 nacía el Registro de Parejas de Hecho de Extremadura la noticia fue acogida por la sociedad extremeña como el paso previo a la regulación autonómica de este tipo de uniones. Sin embargo, la propia consejera de Bienestar Social, Ana Garrido, reconocía ayer que en estos cinco años de funcionamiento no han sido demasiadas las parejas que se han inscrito en él, algo debido, según ella, a que tenía un carácter meramente administrativo.

De hecho, en estos momentos sólo hay 196 parejas inscritas, una cifra que supone menos del 10% del total de las parejas de hecho que hay en la comunidad autónoma. Aún así la cifra de inscripciones aumenta cada año. Como ejemplo, basta ver que en 1997 se apuntaron 10 parejas, en 1998 lo hicieron 12 y en 1999 se alcanzaron las 43 inscripciones, un dato que ya se ha superado en lo que va de año.

Uno de los problemas es el escaso interés que despertó la iniciativa entre las parejas homosexuales, como demuestra el hecho de que sólo haya ocho parejas apuntadas, cinco de las cuales se inscribieron en 1999.