Vázquez dice que están en pie de guerra y con los pueblos dispuestos a luchar
Ciento veinte alcaldes de la provincia de Badajoz y otros 130 de Cáceres protagonizaron ayer un encierro de protesta en las diputaciones ante la intención del gobierno central de limitar el subsidio agrario (antiguo PER) como consecuencia de la nueva reforma laboral. Para la mayor parte de los alcaldes entrevistados, la pérdida del subsidio supone un mazazo en la economía de muchas familias y puede conllevar la desaparición de algunos pequeños municipios. El presidente de la Diputación de Badajoz, Juan María Vázquez, hizo de anfitrión para estos representantes locales y recriminó que ninguno de los 33 alcaldes del PP hubiera tenido a bien acudir a la cita. En Cáceres, ediles del PP enviaron cartas de adhesión a la protesta, pero no participaron en ella.
Desde primera hora de ayer eran visibles en la puerta del palacio provincial las banderas de UGT y las pegatinas de CC.OO. Y es que el acto, con independencia de los alcaldes venidos desde distintos rincones de la provincia, contó con la presencia de muchos sindicalistas, entre ellos los dos secretarios regionales, Miguel Bernal y Valentín García. Todos quisieron estar presentes en una lucha que, en opinión del presidente de la Diputación de Badajoz, Juan María Vázquez, «puede ser dura y larga, todo lo larga y dura que quiera el gobierno». Para él, los alcaldes «están en pie de guerra y detrás de cada uno está todo un pueblo dispuesto a ir a la lucha porque consideran que es una injusticia que se pueda derogar la reforma laboral en siete apartados y sólo perdure uno, aquel que afecta a los más débiles, a los jornaleros... esto no se entiende salvo que sea por venganza o resentimiento».
Confianza en el PP
Juan María Vázquez dijo que aún tiene la confianza de que los alcaldes del PP se unan a esta reivindicación «porque sabemos que muchos están de acuerdo pero no están aquí por disciplina de partido». El presidente provincial tuvo palabras duras para el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, de quien dijo que defiende más los intereses de su partido que los de su región. Vázquez declaró, en referencia directa a las acusaciones del presidente popular, quien insinuó el fin de semana que se podían estar utilizando fondos públicos para sufragar este tipo de protestas, que las instituciones socialistas van a seguir apoyando, «siempre dentro de la legalidad», todas las reivindicaciones que hagan los jornaleros extremeños. Miguel Bernal, secretario regional de UGT, dijo por su parte que ayer era un mal día para la derecha extremeña porque no da la respuesta que le está pidieron la mayor parte de la ciudadanía. En su opinión, el PP no da la cara y se dedica a sembrar las dudas sobre la legalidad de determinadas acciones de los sindicalistas. Bernal invitó a los ciudadanos de los municipios del PP a que acudan a su ayuntamiento y le afeen a su alcalde su actitud. Bernal comentó que si Carlos Floriano tiene pruebas documentales de que existen irregularidades «que lo denuncie ante un juez» y agregó que si siembra este tipo de dudas puede tener algún problema legal y judicial «ya que entonces tendremos que ir nosotros a los tribunales por levantar falsedades».
Valentín García
Desde CC.OO., su secretario regional, Valentín García pidió al PP «tranquilidad y prozac» porque, en su opinión, «estamos sólo empezando». García dijo que si los alcaldes, con independencia de su partido, se movilizan por el AVE, deberían también hacer los mismo por el PER. En su opinión, los alcaldes populares tienen todavía la oportunidad de cambiar de idea y apoyar una cuestión de vital importancia para muchas poblaciones. A partir de hoy se van a celebrar asambleas informativas en distintas localidades extremeñas y está previsto llevar a cabo el 23 de noviembre una gran manifestación en Badajoz. En Extremadura hay 29.600 perceptores del subsidio agrario, 7.500 de ellos mayores de 52 años.
MOVILIZACIONES POR EL SUBSIDIO AGRARIO