El Parlamento Europeo votó, el día 3 de Julio de 2002, a favor de la legalización del aborto en toda la UE y países candidatos a la adhesión, pese a que los representantes del Partido Popular Europeo se pronunciaron en contra. La Eurocámara no tiene ninguna competencia en la materia, pero no ha podido resistir la tentación de inmiscuirse una vez más donde no le llaman.
El Parlamento se dividió en dos, pero finalmente triunfaron los partidarios de elevar a los Estados la reclamación de legalizar el aborto al votar a favor de la misma 280 eurodiputados frente a 240 que lo hicieron en contra y 28 abstenciones. La propuesta va incluida en un informe sobre «salud sexual y reproductiva» del que fue ponente la eurodiputada socialista belga Anne van Lancker y en el que se aborda el fenómeno de los embarazos en adolescentes, la información sexual en centros sociales y de educación y el acceso a los medios anticonceptivos. Pero en el que se incluyó también un amplio capítulo dedicado a los «embarazos no deseados y abortos», donde se «recomienda» que, «para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos de las prácticas ilegales». Aunque también se subraya que «no se debe fomentar el aborto como método de planificación familiar».
En el mismo informe se aboga también por la distribución de la píldora del día siguiente, al solicitar a los Gobiernos de los Quince y de los países candidatos que «fomenten la anticoncepción de urgencia, por ejemplo, permitiendo su distribución sin receta y a precios razonables, y que la consideren una práctica común dentro de la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva».
Competencia interna:
Las cuestiones relacionadas con el aborto son de la competencia interna de cada país y de cada Estado, sin que ni la Eurocámara ni ninguna otra institución europea tengan nada que decir. Así lo recordó la eurodiputada popular María Antonia Iglesias, al explicar sus motivos para votar en contra: «Entrar en un terreno que continúa siendo competencia de los Estados miembros y pretender que todos sigan una misma política, es decir, que todos los europeos tengan la misma ley en una materia que forma parte de las convicciones, de las tradiciones y del acervo propio de cada país es un error manifiesto».
La eurodiputada Van Lancker, no obstante, sugirió que, aunque la UE carezca de competencias, sí tiene pleno derecho a inmiscuirse y a tratar la cuestión como asunto de salud pública. E incluso intentó respaldarse en una cita del responsable de Salud de la Comisión Europea, el irlandés David Byrne, para dar una mayor autoridad a su punto de vista. Pero Byrne ya había subrayado previamente que en los Tratados queda claro que ésta es una cuestión que no compete a la Unión.
Es más, Byrne explicó que «la Comisión no tiene la intención de inmiscuirse» en estas cuestiones. «Seré claro -insistió ante la Eurocámara-: la Comisión no hará ninguna propuesta sobre cuestiones relacionadas con la prestación de servicios sanitarios. Ésta es una cuestión de la competencia de los Estados... Está claro que hay importantes diferencias culturales, étnicas, éticas y religiosas entre nuestros ciudadanos en tales materias... Hay que ser sensibles con las divergentes actitudes de los Estados en cuestiones como el aborto».
Van Lacker, sin embargo, se mostró muy satisfecha con una victoria que, aunque no tenga efectos legales inmediatos, está destinada a agitar las aguas en Europa: «El Parlamento Europeo hace justicia a los derechos de la mujer al promocionar los intercambios de información sobre la salud reproductiva y sexual entre los Estados. La UE, que fomenta los procesos de aprendizaje sobre todas las materias, completa así su política en un ámbito de gran importancia humana y social».
Aunque el Partido Popular Europeo (PPE) es el grupo mayoritario de la Cámara, esta vez no pudo recabar el apoyo de los liberales y otros grupos menores al intentar rechazar la propuesta o devolverla a comisión para corregirla. La izquierda en bloque, los Verdes y la mayoría de los liberales votaron a favor. De los socialistas sólo tres se pronunciaron en contra y otros tres se abstuvieron. Todos los socialistas españoles se pronunciaron a favor. Entre los liberales hubo ocho abstenciones y cuatro votos en contra. El eurodiputado de Coalición Canaria, Isidoro Sánchez García, integrado en los liberales, votó a favor. Y los dos representantes de Convergencia, Pere Esteve, y Carles Gasóliba -también incorporados al grupo liberal- debieron de ausentarse porque sus nombres no figuran en la votación.
La propuesta de la Eurocámara puede suscitar el escándalo en Irlanda, donde sólo se permite el aborto para salvar a la madre, o en Portugal, donde hay fuertes restricciones a esta práctica. Pero más provocadora es en los países candidatos a la adhesión, ya que se les envía una recomendación con marchamo de europeísta sin haber podido participar en el debate. Y si ésta es una cuestión sensible en todos los Estados, puede ser explosiva en Polonia, donde se prohibió el aborto tras cuarenta años en los que ésta fue una práctica legal y muy extendida bajo el régimen comunista.
Los defensores de la propuesta alegan que la prohibición no frena el número de abortos. Pero lo cierto es que los países en los que está más extendida esta práctica son Suecia, el Reino Unido y Dinamarca, donde el aborto es legal y sin excesivas restricciones.
El caso español:
En España, por la ley 9/1985, no es punible el aborto practicado por un médico en un centro sanitario acreditado, público o privado, y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, sólo en tres supuestos:
Fuente: ABC, 04/07/02.