Lejos de las previsiones, el precio de la vivienda en España prosigue su tendencia al alza. En los últimos doce meses, los pisos nuevos subieron una media del 15,3%, mientras que las viviendas usadas lo hicieron en el 17%. Y poco importa que en Extremadura los precios se comporten con una cierta moderación respecto al resto del país; porque si existe una cierta diferencia de precios en términos absolutos, hay que ponrla en relación con los niveles retributivos y de renta de los ciudadanos.
La evolución del precio de la vivienda es una anomalía económica que se ha convertido en un problema social. Es una anomalía porque no resulta fácil de explicar, y tampoco es coherente el hecho de que después de tantos años de bonanza, cuando nos encontramos en el suelo del ciclo económico y a la espera de subidas en los tipos de interés, la vivienda permanezca al margen de toda realidad y siga su caminar imparable al alza.
Son varias las razones que se aducen para tratar de interpretar el fenómeno.
En primer lugar, es necesario considerar que todas las alternativas de inversión con las que compite la vivienda para atraer el dinero de los ahorradores han recibido un duro castigo en los últimos tiempos. La renta fija ofrece dividendos paupérrimos, mientras que las Bolsas, a la baja, muestran unas valores decepcionantes.
Por otro lado, no se puede olvidar que el mercado de la vivienda ha tenido siempre en nuestro país unas connotaciones especiales, que se derivan del comportamiento sociológico de los españoles. La movilidad geográfica a lo largo de la vida laboral es muy escasa y la motivación por disponer de vivienda en propiedad es muy alta. Así que la inversión inmobiliaria tiene un atractivo grande que se convierte en irresistible cuando se le compara ahora con sus competidoras.
Esta evolución tiene, no obstante, aspectos positivos. La construcción es una industria de síntesis, cuya demanda tira con fuerza de otras muchas, contribuyendo directamente al sostenimiento de la actividad y del empleo. Pero también tiene otras connotaciones muy negativas, sobre todo para las capas de población más jóvenes o con salarios más modestos. Comprar una vivienda, o incluso alquilarla, es una tarea de titanes para la inmensa mayoría de ellos, que se ven obligados a dedicar una parte creciente de sus ingresos al capítulo de la vivienda, lo que supone un lastre para su emancipación familiar, una reducción del consumo en otros productos y servicios y un freno para la flexibilidad geográfica del mercado laboral, tan necesaria para crear empleo.
La mayor parte de las viviendas funcionan dentro de un mercado libre, en el que los precios se fijan de acuerdo con las presiones relativas de la oferta y la demanda, pero es evidente que los poderes públicos tienen también mucho que decir al respecto. Parece increíble que un problema como es la carestía de los pisos - en muchos casos disparatada - no merezca un plan de actuación serio y coordinado por parte de las Administraciones.
Al margen de ser un elemento perverso para los datos macroeconómicos (como la inflación real), los precios astronómicos recortan calidad de vida y obligan a las familias a realizar un sacrificio económico que en muchos casos se sitúa en la misma línea de su equilibrio presupuestario. Una de las medidas que la Administración, la local sobre todo, debería emprender es la liberalización de suelo, un elemento clave en el coste de la vivienda y uno de los pocos mecanismos a los que pueden recurrir los poderes públicos para controlar una carrera de precios desbocada.