Reconozco que existen problemas en la educación actual. También, que existe en toda la comunidad educativa una coincidencia significativa en la necesidad de abordar cambios y adoptar medidas para mejorar el sistema educativo. Los cambios en la educación, desde la transición democrática, han venido ocurriendo cada cierto tiempo y mediante sucesivas leyes, con el objetivo principal de adaptarla a las nuevas necesidades sociales. Pero siempre extendiendo más la educación, ampliando aspectos educativos, incorporando las nuevas ideas, pero siempre en una sucesión de cambios que la ha universalizado, contribuyendo a la disminución de desigualdades e igualando oportunidades. Por tanto, reconociéndonos en este devenir de mejoras educativas, sería preciso acordar el punto de partida para realizar un diagnóstico de la situación del sistema educativo que, por su objetividad, sea compartido por el conjunto comunidad educativa. Después, consensuar las medidas de mejora.
En estas primeras consideraciones ya empieza mal la 'Ley del Castillo'. La responsable política, la ministra de Educación, no ha partido de un estudio riguroso de la situación, al menos no conocido o, quizás peor, teniéndolo ha sido obviado o escondido, al no avalar las medidas que apriorísticamente el gobierno quería imponer. Los informes internacionales PISA y EURYDICE, que no son precisamente tachables por tendenciosos (ignorados por la ministra), aseguran en sus conclusiones, que la educación en España es buena porque consigue igualdad de resultados, es decir, que contribuye a que muchos niños y niñas alcancen los objetivos educativos. Y plantean como reto mejorar estos resultados sin abandonar la igualdad.
Pero volviendo al proyecto de ley, el texto que se presenta como 'LOCE', es mejor, en mi opinión, leerlo que un “imagínense ustedes”. Porque de lo que está escrito, se desprende una ruptura con la tendencia de avance de las leyes educativas, para convertirse en una Ley retrógrada, clasista, segregadora y antidemocrática. Así, retorna a la vieja la concepción asistencial de la educación infantil en el tramo 0 a 3 años, potencia la primacía de la enseñanza privada, excluye al alumnado con mayores dificultades (personales o sociales) de aprendizaje, merma la participación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y resta el papel a los padres y madres en el Consejo Escolar. Y como sigue siendo mejor leer la ley que imaginarla, que la lean también aquellos a los que la música mediática del gobierno ha conseguido, de momento, embelesar.
Y después, convertidos en la avanzadilla de la “teoría del esfuerzo” que propugna el PP, que se contesten a alguna de estas preguntas: ¿Cómo va a mejorar esta ley la situación de los centros reduciendo los recursos humanos y materiales? ¿Va a mejorar la convivencia con un director externo al centro? ¿Va a mejorar la implicación del profesorado cuando éste ya no va a tomar las decisiones? La concentración de los alumnos con necesidades educativas sólo en los centros públicos, ¿va a mejorar el clima de convivencia y la imagen de estos centros?¿Se van a poder introducir mejoras reduciendo en los Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas a educación? ¿Será innecesario, como dice la ministra, financiar la educación?
Nos encontramos ante un momento crucial para la educación. Creo que los que estamos preocupados por mantener la educación como motor de igualdad y cambio social, no debemos renunciar a estos principios. Debemos actuar, desde nuestro papel de padre o madre, de trabajador o trabajadora, como alumno o alumna, como ciudadano o ciudadana, como agentes del progreso social y luchar, aquí y ahora, para que las propuestas de mejora del sistema educativo sean compartidas y consensuadas, necesariamente, con la comunidad educativa.
Fuente: Hoy 29/10/02 artículo de opinión.