BERNARDO RIEGO
Aprobada sin contar con la opinión de los sectores implicados, haciendo caso omiso de las movilizaciones sociales que provocó, y publicada en el BOE a toda prisa el día de Nochebuena, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha comenzado a hacer sentir sus efectos sobre una Institución, la Universidad Pública española, que esperaba, y necesitaba, una reforma que la preparase para adecuarse a los intensos cambios que se están produciendo en las sociedades avanzadas en este siglo que estamos iniciando. No estábamos ante un problema de 'ordenar' sino ante la cuestión de 'progresar' en la modernización del sistema universitario español.
Una de los imperativos que ha dispuesto la LOU ha sido el cambio de régimen de contratación de los profesores que, cumpliendo los requisitos legales para investigar e impartir docencia en la universidad pública, no son, sin embargo, funcionarios de carrera. Se trata del colectivo de profesores no numerarios, una denominación que agrupa diferentes situaciones profesionales en su interior. Por un lado, personas muy cualificadas que tras largos años de dedicación y trabajo universitario han culminado su formación docente e investigadora y están esperando la oportunidad de optar a una oposición que les permitirá formar parte del núcleo estable de la universidad. En ese mismo colectivo están quienes, tras haber acabado sus estudios universitarios, han optado por comenzar la carrera docente e investigadora como ayudantes y saben que les espera un largo camino, pero necesitan tener, en ese recorrido, expectativas razonables de futuro. También se encuentran en este grupo los becarios que se forman colaborando en tareas concretas en un determinado proyecto de investigación, y, por último, este mismo colectivo incluye a los denominados 'profesores asociados a tiempo parcial', una figura que engloba a los que sin abandonar su trabajo profesional en la sociedad, aportan sus experiencias y conocimientos profesionales en el ámbito universitario, enriqueciendo las tareas docentes con su presencia en las aulas.
Dado que la propia LOU exige que sean las Comunidades Autónomas las que regulen el nuevo régimen contractual de las nuevos tipos de profesores no numerarios que se han creado en sustitución de las que ya existían, la Junta de Extremadura ha dado a conocer un borrador que desarrolla estas figuras, y que esperamos, que en su redacción actual se quede solo en eso, en borrador, pues su redacción y propuestas contienen elementos extraordinariamente preocupantes, ya que si se aplica del modo que se ha presentado, a un corto plazo van a ser enormemente perjudiciales para el futuro de la propia Uex.
No está en mi ánimo ser farragoso con los lectores enumerando las múltiples dudas que suscita este borrador, ya que los Profesores no Numerarios han hecho públicas sus deficiencias y el Consejo de Gobierno de la Uex ha apoyado por unanimidad el documento que este colectivo presentó con sugerencias para su mejora. Me gustaría reflexionar en voz alta sobre algunas de las cuestiones mas visibles que va a provocar su aplicación, si las autoridades educativas de la Junta no dialogan con los implicados, con la Universidad y con los agentes sociales sobre esta importante cuestión y no modifican el sentido del borrador presentado.
En líneas generales, dos son los principales problemas que el borrador plantea. El acceso a las tareas docentes e investigadoras se perfila como una carrera de obstáculos de largo recorrido, con unos planteamientos y exigencias de partida muy poco realistas, que van a producir que alumnos con buen nivel académico que ahora están acabando sus estudios no encuentren incentivos para quedarse a completar su formación en la Uex, ya que sus expectativas son inciertas, muy exiguas económicamente y, tal vez, con resultados tangibles a muy largo plazo. Sin duda, una parte sustancial de estos alumnos optarán por probar suerte en el sector privado, abandonando la región en muchos casos, y cercenando así una de las necesidades de la Universidad pública, como es la de ir incorporando nuevas generaciones de recambio en la transmisión y aumento de los conocimientos.
Además, los mecanismos de acceso a la contratación, que deben ser siempre justos y transparentes, los deja la Junta para las nuevas figuras de profesores, de modo mayoritario en manos ajenas a la Uex, olvidando que las líneas de docencia e investigación de los departamentos necesitan de una coherencia en la incorporación de nuevos miembros a las tareas universitarias, para que los esfuerzos individuales se integren en el proyecto colectivo, que no es otro que el desarrollo de esta región. Pues esto es lo que significa, o es el sentido último, del trabajo de los que estamos en la Uex.
El segundo problema que plantea el borrador es que a todas las dificultades de acceso y promoción se suma una precariedad en el empleo que va a provocar efectos inmediatos. El nivel salarial que propone es totalmente inadecuado en todas las figuras, y va a traer como consecuencia que muchos de los profesionales más cualificados de la Uex que se encuentren en este colectivo de profesores no numerarios, opten por emigrar a otras universidades donde se retribuya mejor a sus miembros, o vayan al sector privado, donde estarán avalados por su currículum y sus conocimientos.
Como la maquinaria burocrática de la universidad no se va a detener, los puestos vacantes, mal retribuidos, serán finalmente atractivos para candidatos de un perfil profesional bajo, que al no estar en condiciones de competir en un mercado abierto optarán por lo público como consuelo. El listón que ahora se pone muy alto de modo teórico en el borrador, la propia práctica y la necesidad de contratar profesores 'baratos' lo irá bajando de modo natural. No es difícil averiguar lo que viene a continuación: la Uex, que tiene un contrastado prestigio fuera de la región y cuenta en estos momentos con un alto porcentaje de profesorado no numerario consecuencia del incremento de las titulaciones, vera cómo la sustitución de sus recursos humanos mal pagados hará descender la calidad y el nivel de las titulaciones, y esto afectará, finalmente, a todo el conjunto de la sociedad extremeña.
No resulta fácil de entender cómo la Junta, que desde el primer momento se posicionó contra la LOU, viendo sus muchos defectos, en el primer desarrollo normativo que le toca realizar, presente un borrador de decreto que lejos de aprovechar todos los 'huecos' posibles en favor de la Uex, proponga una interpretación mucho más restrictiva que la propia ley orgánica, cerrando todavía más las escasas posibilidades que han quedado abiertas. Sería deseable que, sin hacer dejación de las competencias educativas que le son propias, la Junta propicie y apoye que sea su propia universidad, sin ninguna duda uno de los motores de la modernización y el progreso de esta región, la que con pluralidad y altura de miras, y en el uso de su autonomía, discuta y defina en el proceso de estatutos que ahora hemos comenzado, qué institución universitaria se quiere para el futuro. Un futuro que, ineludiblemente, es el de la propia Extremadura.
Fuente: hoy 21/06/02.