EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación y lo remitió al Congreso para su debate entre los grupos parlamentarios.
El texto, como siempre que se acomete una reforma en el sistema de enseñanza, ha suscitado una gran polémica, que debería mitigarse con una reflexión responsable en el trámite parlamentario. Tras la aprobación en los últimos meses de la Ley de Universidades y la Ley de Formación Profesional, esta es la última de las tres iniciativas legislativas que forman parte de la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno.
Con casi un 30% de fracaso escolar y el 80% del profesorado desmotivado, sobran las razones para promover un cambio profundo. Las medidas se atienen a lo que la ministra Del Castillo ha denominado “la recuperación de la cultura del esfuerzo”, es decir, de exigir una mayor responsabilidad a los alumnos, lo cual, en principio, parece razonable. En esta línea se sitúa la supresión de la promoción automática de los alumnos, medida que goza de un consenso casi general. Otra es la reconfiguración de un elemento ya existente, la Prueba General de Bachillerato, que sustituye a la suprimida Selectividad.
El texto ha incorporado en los últimos meses algunas sugerencias de interés, como el establecimiento de nuevas vías para los alumnos que no superen la Prueba General de Bachillerato o de mejoras en las condiciones laborales de los docentes.
El punto más controvertido es la creación de tres itinerarios formativos en los dos últimos años de la ESO.
Una de las modificaciones de última hora son los llamados Programas de Iniciación Profesional, en realidad un cuarto itinerario que sustituye, aunque con parecida función, a la actual Garantía Social.
El PSOE ha criticado duramente el establecimiento de itinerarios, porque entiende que es una forma de segregar a alumnos menos favorecidos o con dificultades. Las opiniones de los expertos sobre este punto particular no son en modo alguno concluyentes. No tiene razón el PSOE cuando tacha de inconstitucional esta novedad del sistema, porque, como dijo el Consejo de Estado, caben distintos modelos educativos. Ahora bien, aunque compatibles con la Constitución, la creación de los itinerarios hubiera requerido quizá un estudio más amplio, independiente y fundado, que justificara su necesidad de modo convincente.
Dado el estado de la educación en España, no es tiempo de experimentos ni de improvisaciones, sino de poner la educación de los jóvenes sobre bases seguras, después de un análisis acertado de los problemas planteados. Es exigible a los promotores de estas importantes reformas que éstas tengan una vigencia larga y que no sean invalidadas en los próximos años. Es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad social, porque no puede ni debe cambiarse una Ley de Educación todos los días.
Pocos han puesto en duda la necesidad de introducir reformas en la educación secundaria debido a los cambios sobrevenidos en la sociedad tras la aprobación de la LOGSE, en 1990, y al elevado índice de fracaso que revelan todos los informes.
El proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobado ayer por el Gobierno, pretende corregir algunas deficiencias del actual sistema, pero el grado de contestación que han encontrado en la comunidad escolar determinados artículos no es el mejor augurio para su futura implantación. Habría sido necesaria una mayor participación de la sociedad en un debate que afecta a todos.
La aprobación de este proyecto de ley por el Consejo de Ministros sin fijar una financiación específica demuestra que el Gobierno de Aznar no está promoviendo un verdadero avance de la educación española, para lo que sería imprescindible realizar una clara apuesta económica con el fin de acercar la inversión en esta materia a la media de la UE. Las reformas anunciadas sin fondos concretos tienen incierto porvenir.
Los cambios más notables del proyecto de ley respecto de la situación actual, y los que han levantado mayores críticas, tienen que ver con los itinerarios educativos. Esta medida contribuye a la segregación de alumnos desde una edad muy temprana, incluso desde primero de ESO (12 años), en la confusa redacción de este punto. Puede introducir elementos de discriminación social en un mismo centro y entre centros. Especialmente grave podría ser la especialización de algunos centros públicos en los itinerarios menos prestigiosos respecto de los concertados o los públicos situados en zonas prósperas.
Otra de las reformas de fondo es la introducción de un examen de reválida y la supresión generalizada de la selectividad. Muy pocos niegan la necesidad de una prueba general en secundaria, que homologue conocimientos y contrarreste la tendencia de ciertos centros a inflar las calificaciones de sus alumnos, pero con la solución escogida ni se elimina la selectividad, que ahora pasa a ser potestativa de cada universidad, ni quedan claros los procedimientos para acceder a un centro universitario.
Por último, otro de los cambios más criticables es la variación en el estatuto de la asignatura de Religión. En lugar de hacer evolucionar nuestro sistema educativo hacia un modelo propio de un Estado aconfesional, se eleva el rango de la enseñanza de religión al de materia 'evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media'. De esta forma, el Gobierno de Aznar da satisfacción a una demanda de la jerarquía católica a cambio de reabrir en la sociedad un debate que parecía superado.
Fuentes: Editoriales de Hoy 27/07/02 y de El Pais 27/07/02 - Editorial.