La nueva reválida que la Ley de Calidad de la Enseñanza recién aprobada por el Gobierno implanta como una prueba estatal, objetiva y externa a los centros, tiene como finalidad declarada evaluar a los alumnos y evaluar al sistema educativo, promoviendo de este modo lo que llaman “cultura de la evaluación” y del “esfuerzo”.
Antes de cualquier otra consideración se hace necesario formular una pregunta inevitable: si éste es el propósito, ¿por qué se suprime la selectividad? La selectividad es un examen de suficiencia y madurez que los alumnos que terminan el bachillerato tienen que superar para poder acceder a los estudios universitarios, a la vez que certifica los contenidos formativos de la educación post-obligatoria y supone un mecanismo de control, validación y homologación externo al propio sistema. Desde hace ya mucho tiempo sirve también y sobre todo como criterio de ordenación: es una prueba de carácter competitivo que, más que seleccionar, clasifica, dando turno para elegir facultad y carrera a partir de unos méritos demostrados. Puede superarse, incluso con holgura, y no dar acceso a los estudios deseados.
No tiene ningún sentido suprimir la selectividad para proponer una reválida que cubre los mismos objetivos y que sólo se diferencia de aquélla en aspectos formales (en vez de en la universidad, en los institutos; para todos los alumnos, en vez de para casi todos), burocráticos (no habilita para acceder a los estudios universitarios, sino para conseguir el título de bachillerato, que a la mayoría de los alumnos sólo le sirve para acceder a los estudios universitarios) y de intendencia (será organizada por los profesores de instituto, no por los de la universidad). Todo lo demás parece que va a ser igual, con el inconveniente añadido de que, puesto que aquellas facultades que tengan problemas de numerus clausus seguirán organizando la selectividad, habrá alumnos que tendrán que someterse a dos pruebas para solucionar lo que antes lograban con una.
Desde mi punto de vista, este tipo de pruebas generales sólo tiene sentido como la alternativa más práctica y menos nociva para resolver los problemas de exceso de demanda entre aspirantes a un puesto o una plaza, que cumplen por igual las condiciones de titulación y de mérito exigidas, como es el caso de unas oposiciones o el antes citado numerus clausus de la Universidad.
Lo que de ninguna forma logro entender es cómo la reválida, evaluando a los alumnos al final de bachillerato, puede evitar el fracaso escolar, corregir la indisciplina o incrementar la calidad educativa. El principio en el que pretende fundamentarse, “cuantos más controles, mejor”, “cuantas mayores exigencias, mejores rendimientos”, es discutible porque administra los refuerzos que todo proceso de aprendizaje necesita de forma negativa o directamente como castigos, y porque atribuye al examen una relevancia excluyente en el proceso de evaluación. Además, este principio puede aplicarse de muchas formas, no siendo la más imaginativa la de un examen general y final. Es muy ilustrativo también reparar en la escasa aplicación que se hace del mismo en otros ámbitos de esta nuestra sociedad del conocimiento, donde el aprendizaje continuo se ha convertido en una necesidad. ¿Cuántos funcionarios tienen que hacer más de una oposición para “revalidar” periódicamente sus competencias? ¿A cuántos profesores se les reconoce el complemento retributivo por formación permanente mediante la superación de exámenes?
Los alumnos ya hacen exámenes, y no sólo exámenes, para superar las asignaturas que cursan. En el bachillerato no hay promoción automática: el alumno que supera las exigencias de la evaluación, aprueba; el que no, suspende. ¿Por qué la reválida va a llevar a los alumnos a un mayor aprovechamiento de las clases, mayor disciplina o menor absentismo que la evaluación a la que los somete su profesor? Dada su naturaleza y contando con la larga experiencia que nos brinda la selectividad, la reválida será una prueba que mida únicamente ciertos aprendizajes y sólo de 2º de bachillerato. Va a exigir que se primen los contenidos conceptuales sobre los procedimentales y los actitudinales, fomentará la memoria mecánica, obligará a infravalorar la evaluación continuada y un largo etcétera de servidumbres que sin duda terminarán por hipotecar e instrumentalizar la actividad docente de este último curso.
El gobierno ha confundido interesadamente calidad educativa con el logro de unos rendimientos en un examen, por global que éste sea. La calidad educativa es mucho más que eso, es poner a disposición de los centros los medios materiales y humanos necesarios, fomentar la competencia profesional, estimular la excelencia. La reválida hay que interpretarla como lo que es, una forma barata, cómoda y bastante burda de mejorar esta forma tan singular de entender la calidad educativa, aumentando la presión sobre los alumnos (al exigirles la superación de este examen para la obtención del título) y los profesores (al reevaluar lo que ellos ya han evaluado). No acabo de entender cómo es posible que, según algunas encuestas, hasta el 70% de los profesores de secundaria esté a favor de la reválida, o sea, esté a favor de una prueba que viene a poner en duda la validez de su evaluación.
Tras la reválida no se esconde el franquismo, eso es una majadería monumental, más propia de la indigencia intelectual que del oportunismo político. No obstante, sí se adivina una filosofía de la educación que entiende el aprendizaje como una carrera de obstáculos, que confunde esfuerzo con mortificación, aplicación con sufrimiento, excelencia con elitismo y competencia con competitividad; que sigue dividiendo a los alumnos en tontos y listos, vagos y aplicados; y para la que la propia educación no es un derecho, un instrumento de integración, sino un mecanismo de selección y de segregación social.
Por otra parte, la homologación de los estudios preuniversitarios que con la reválida se persigue, puede lograrse perfectamente aprovechando el marco que brindan unas enseñanzas regladas como éstas, con planes de estudio normativamente coordinados a través de decretos gubernativos sobre contenidos mínimos, criterios de evaluación, programaciones, etc.
Por último, no deja de llamar la atención que, como mecanismo que sirve para evaluar la calidad que el sistema educativo ofrece, corrige sus carencias y deficiencias en perjuicio de sus usuarios, los estudiantes. Si un alumno suspende la reválida después de haber sido aprobado por sus profesores en el bachillerato, se entiende que ha fallado el alumno y que ha fallado el sistema. Pero el perjudicado es exclusivamente el alumno. Salvando las distancias, es como si, para evaluar la calidad del servicio ferroviario, cada vez que un tren llegara tarde, a los viajeros se les cobrase una sobretasa o se les impidiese abandonar la estación. ¿Desde cuándo la calidad de un servicio se ha evaluado en perjuicio de sus usuarios? Con todo esto lo que se pone de manifiesto es que la reválida es, como mucho, un medio para detectar problemas de calidad en la enseñanza, pero no para resolverlos.
Fuente: Hoy, 30/07/02.