Con frecuencia, la cotidianeidad y la rutina impiden apreciar la trama compleja en la que evolucionan nuestras vivencias más inmediatas. Por ello no está de más rememorar los hechos que acontecieron, condicionaron nuestro presente y, casi de forma inevitable, han hipotecado nuestro futuro. Tales hechos son críticos, en especial si afectan a procesos seculares o a instituciones con influencia social que evolucionan lentamente. Es la universidad una de esas estructuras, en la que cualquier innovación sustancial tarda en asimilarse y en donde toda decisión desafortunada provoca imprevisibles disfunciones, con un efecto difícilmente cuantificable. Escrutemos la panorámica.
Las titulaciones
Antes de implantar una titulación, lo primero que ha de hacerse es confeccionar un Plan de Estudios (distribución temporal, cualitativa y cuantitativa, de las asignaturas que han de ser enseñadas) que sea equilibrado, coherente, abierto y útil. Después, una programación temporal apropiada para su implantación (consonante con el resto de las titulaciones existentes o ya en curso de implantación). A continuación, se debe anticipar una infraestructura idónea y digna para su impartición (aulas, laboratorios, bibliotecas, servicios). También, hay que proveer los recursos docentes apropiados para las materias que van a impartirse, un profesorado preparado y competente y, por último, el soporte administrativo imprescindible, eficaz y eficiente. Superada esta fase, se abre el período de matrícula para el primer curso de la titulación. En octubre llegan los estudiantes a las aulas y el profesorado ya debe estar formado y dispuesto para iniciar su docencia. Un curso es largo y una actividad docente, sostenida y digna, precisa experiencia, conocimientos, estudio reposado, medios, estímulos y vocación. Cuando pasa un año se abre el período de matrícula para el segundo curso de la titulación nueva (y también para el primero). Coexistirán ahora dos cursos que, por su diversidad en los contenidos, obligarán a incrementar los medios materiales y humanos. Este proceso continuará durante otros tres años más (total cinco años, para una licenciatura típica) y, si en el período de implantación no se ha producido un cambio de Plan de Estudios, tenderá a estabilizarse a partir de la segunda o tercera promoción de licenciados. Cuando simultáneamente se implantan dos titulaciones, el proceso se hace mucho más complejo, sobre todo si sus características y los campos de conocimiento implicados difieren. Por ejemplo, Ingeniero Agrónomo y Humanidades. Y la complicación aún es mayor si las titulaciones se imparten en campus distintos. Pero el asunto se hace muchísimo más complicado si, en vez de dos titulaciones, se implantan treinta y dos, y el proceso de implantación se concentra en tres años consecutivos y se materializa en un total de ocho. El colmo de la complicación aparece cuando, además, hay gran heterogeneidad entre las titulaciones y existe posibilidad de trasvase de alumnos entre unas y otras, o cuando el centro que absorbe tal o cual titulación, debido a coyunturas históricas, no dispone de todo el profesorado preciso y cualificado para el nuevo reto.
¿Por qué consintieron que la UEx, tan esencial para una comunidad como la nuestra, se embarcara en semejante proceso sin tener plenamente asegurados los medios y los modos, y sin que existieran las garantías precisas para el buen éxito de la empresa? ¿Fue una imposición? ¿No es la propia universidad, en virtud de su ordenamiento constitucional y jurídico, la que debe proponer unos cambios tan dramáticamente estructurales a las instancias competentes? ¿O es al revés, se le imponen? ¡Lástima que un ofrecimiento tan valiente y generoso, con una finalidad tan loable, peligre por la frívola materialización de unos modos tan disparatados en unas condiciones tan precarias! El perjuicio ocasionado a la Institución será difícilmente subsanable, pues ha introducido un efecto absolutamente perverso en el profesorado y en sus enseñanzas.
Los profesores
El profesorado universitario se forma o se importa formado. En ningún caso aparece por generación espontánea o por decreto. Lo usual es que haya que crearlo y enseñarlo desde el principio, paso a paso y con la colaboración de maestros y profesores. Es raro que un entorno social pueda proveer a su sistema universitario de un cuadro de profesores capacitados sin que previamente hayan seguido el necesario proceso de formación académica. Porque para enseñar en la universidad hay que saber. Y no sólo basta con ser licenciado o diplomado. También hay que saber enseñar y enseñar cómo se consigue nuevo saber. Un profesor germina a partir de un buen alumno, motivado, ilusionado y dispuesto a soportar el largo período de aprendizaje. Como discípulo, colaborará con su maestro y compañeros en las actividades académicas que le atraen; cursará el tercer ciclo y elaborará su tesis doctoral; afianzará conocimientos y experiencias, recibiendo las enseñanzas de su director; accidentalmente, tendrá que hacer estancias más o menos prolongadas en otras universidades y, finalizada su tesis doctoral, deberá marcharse, necesariamente, a otro centro universitario o de investigación un año y medio, como mínimo, para proseguir en su carrera académica. Todo esto es un recorrido lleno de obstáculos: se precisa mucho tiempo, ganas, esfuerzo, capacidad, y el impulso de una vocación sostenida y sostenible. Ante todo, financieramente sostenible.
Con la LOU, el profesorado universitario ha quedado estructurado en dos categorías: los funcionarios, dependientes de la Administración General del Estado, y los contratados, que pasan a ser responsabilidad de las Comunidades Autónomas. Éstas, en el marco de sus competencias, deberán determinar su régimen laboral y retributivo y diseñar las correspondientes políticas de formación, promoción y financiación. Los mimbres con los que cuentan las Comunidades Autónomas, a primera vista, parecen bastante escasos, ya que el personal contratado sólo podrá pertenecer a cinco tipos (obviando, por su singularidad, las de Visitante y Emérito): Ayudante, Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Colaborador y Asociado. Los tres primeros tipos serán, probablemente, los de mayor uso, dadas las especiales limitaciones que la LOU introduce en los dos últimos. Para aquellos, el requisito previo que posibilita participar en los concursos de contratación consiste en haber finalizado los estudios de tercer ciclo. Además, para el caso del Ayudante Doctor y el Contratado Doctor, como su denominación implica, es preciso ser doctor. Así, ambas condiciones acotan, temporalmente, el acceso a los correspondientes contratos: dos años, como mínimo, para obtener la suficiencia investigadora y una media de tres años más para obtener el grado de doctor.
La situación anterior contrasta con la urgencia que supone, cada año, atender las responsabilidades docentes asociadas a la implantación y consolidación del gran número de nuevas titulaciones que se han incorporado a la UEx durante los últimos siete años. Sin perder de vista, además, que para que puedan generarse doctores, es necesario que haya grupos investigando y directores de tesis doctorales operativos, circunstancia que no se ve favorecida cuando el profesorado tiene sobrecarga docente y adolece de la conveniente motivación para desarrollar una actividad investigadora.
El trance sobrevenido es metakafkiano. Por un lado nos encontramos en los siete primeros años del espectacular, aunque abominable, Big Bang universitario, y por otro, en pleno desarrollo de una nueva Ley Orgánica, sin que hasta el momento parezca que se hayan asumido y se vayan a concretar, políticas convenientes de formación, promoción y financiación sostenible para el profesorado que cubre la docencia del “polvo de nuevas titulaciones”. Aun no sabemos qué pasará dentro de cuatro años, cuando las transitorias de la LOU dejen de tener efecto. ¿Tendrán que abandonar la UEx 450 ó 500 profesores contratados?¿Qué pasará entonces con las nuevas titulaciones?¿Habremos conseguido cualificar y volver a contratar a los 850 PNN que actualmente se forman e imparten docencia en la UEx? ¡That is the question!. Es probable que la autoridad competente sí tenga la respuesta. Si es así, que nos lo digan y dormiremos más tranquilos. Si no es así, ¡menudo lío!.
En relación al debate, que no ha hecho más que empezar, sobre la financiación de la Universidad pública, que se revela insuficiente según un reciente informe de la Conferencia de Rectores (CRUE), cabe en teoría contraponer dos modelos: el socialdemócrata, que postularía la financiación a cargo de los Presupuestos del Estado, con una reducción de las tasas académicas a su mínima expresión, o el liberal, que consistiría en la financiación mediante dichas tasas, que deberían aproximarse al coste real de la educación. Naturalmente, este segundo modelo debería incluir un generoso sistema de becas, subsidios directos a los estudiantes que necesitaran la ayuda, que asegurara plenamente la igualdad de oportunidades.
En nuestro país, tenemos sin embargo un híbrido que nadie osa abordar: hay unas tasas poco más que simbólicas que cubren poco más del 10% del coste de la educación, y una débil financiación pública, afectada por la austeridad general. Lo cierto es que la Universidad se agosta, falta de nutriente financiero.
¿Por qué, pues, no adoptar una decisión audaz, que ponga fin a su crónica anorexia? Lo que no tiene sentido es seguir en la indefinición, en esta especie de tierra de nadie, en un salir del apso como se puede, mientras nos lamentamos sobre el endeudamiento y hacemos sesudos estudios sobre el nivel de nuestras universidades.
Fuente: Hoy 06/07/02