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JUAN
ANTONIO FERNÁNDEZ
CORDÓN
Demógrafo
Nunca
se
había
hablado
tanto
en
España
de
demografía
ni
habían
llegado
a
los
periódicos
las
variaciones
del
número
de
nacimientos
anuales
o
las
previsiones
de
los
grupos
de
edad.
La
evolución
reciente
y la
situación
actual
de
la
población
española
son
efectivamente
dignas
de
atención.
En
las
dos
últimas
décadas,
mientras
en
muchos
países
europeos
la
disminución
de
la
fecundidad
se
había
detenido,
en
España
la
natalidad
caía
en
picado,
hasta
alcanzar,
con
1,2
hijos
por
mujer,
el
nivel
más
bajo
del
mundo,
cercano
al
de
otros
países
del
sur
de
la
Unión
Europea.
Resulta
paradójico
que
los
países
de
tradición
católica,
con
tasas
de
actividad
femenina
más
bajas
y en
los
que
la
familia
se
valora
muy
positivamente,
tengan
una
natalidad
bastante
inferior
a la
de
los
otros
países
de
la
Unión
Europea.
Se
está
produciendo
un
importante
retraso
de
los
nacimientos,
consecuencia
de
la
emancipación
tardía
de
los
jóvenes,
que
residen
en
el
hogar
paterno
mucho
más
tiempo
que
sus
coetáneos
suecos,
ingleses
o
franceses,
y de
la
dificultad
de
las
parejas
jóvenes,
en
las
que
los
dos
trabajan
fuera
del
hogar,
para
hacer
compatible
los
hijos
con
su
actividad
profesional.
En
muchos
otros
países
existen
políticas
que
contribuyen
a
aligerar
el
coste,
en
tiempo
y
dinero,
de
los
hijos,
pero
España
no
es
sólo
el
país
con
menor
fecundidad
de
la
Unión
Europea,
sino
también
el
que
menos
recursos
dedica
al
apoyo
a
las
familias.
El
problema
se
complica
por
el
desigual
reparto
de
tareas
en
el
hogar,
que
hace
recaer
la
casi
totalidad
de
la
carga
de
los
hijos
en
las
madres.
Para
poder
mantenerse
en
un
mercado
de
trabajo,
ciego
a
las
circunstancias
personales
y
familiares,
algunas
mujeres
renuncian
a
tener
hijos.
La
escasa
fecundidad
en
España
es
también
inquietante
por
sus
consecuencias,
entre
las
que
destaca
la
amenaza
a
largo
plazo
de
un
mayor
envejecimiento
de
la
población,
que
afectará,
entre
otros,
a
los
sistemas
de
pensiones.
En
los
últimos
cinco
años
se
han
jubilado,
sobre
todo,
las
generaciones
nacidas
durante
los
años
treinta
(entre
las
menos
numerosas
de
nuestra
historia
reciente),
y se
ha
incorporado
a la
población
activa
un
número
importante
de
mujeres
y de
inmigrantes,
lo
que
ha
incidido
favorablemente
en
el
equilibrio
del
sistema
de
pensiones.
En
el
futuro,
llegarán
a la
jubilación
generaciones
más
numerosas,
nacidas
entre
1954
y
1975,
que
además
se
benefician
de
un
considerable
alargamiento
de
la
esperanza
de
vida.
En
aras
del
equilibrio,
este
aumento
de
la
carga
exigiría
un
incremento
del
empleo
que,
admitiendo
que
la
economía
lo
permita,
se
verá
obstaculizado
por
la
escasez
de
jóvenes
(ahora
empiezan
a
llegar
al
mercado
laboral
los
nacidos
después
de
1975)
y
por
la
previsible
dificultad
de
incorporar
más
mujeres,
si
no
se
adoptan
medidas
que
permitan
compaginar
la
atención
a la
familia
y el
trabajo.
En
1999
y
2000,
el
número
de
nacimientos
ha
crecido
en
España,
rompiendo
así
una
larga
evolución,
iniciada
en
1976.
Entre
las
causas
de
este
aumento,
hay
que
señalar
el
mayor
número
de
nacimientos
de
inmigrantes
y el
aumento
de
la
fecundidad
de
las
mujeres
entre
30 y
40
años,
que
recuperan
parcialmente
retrasos
anteriores.
Para
que
este
cambio
de
tendencia
acabe
acercándonos
a
los
niveles
de
otros
países
europeos,
es
necesario
que
afecte
al
grupo
joven,
entre
20 y
30
años,
cuya
fecundidad
ha
seguido
bajando.
Las
condiciones
para
que
esto
suceda
en
un
futuro
próximo
son
favorables,
debido
a
que
la
escasez
relativa
de
jóvenes
hará
que
mejore
su
situación
en
el
mercado
de
trabajo,
y,
si
esto
se
acompaña
de
una
mayor
estabilidad
laboral,
se
pueden
producir
efectos
positivos
sobre
la
formación
de
uniones
y la
natalidad.
Permanecen,
sin
embargo,
otros
obstáculos
que
explican
que,
según
todas
las
encuestas,
el
número
de
hijos
deseados
sea
superior
al
que
efectivamente
tienen
las
parejas
españolas.
A
corto
plazo,
sería
necesario
facilitar
el
acceso
a la
primera
vivienda
y, a
medio
y
largo
plazo,
resultará
clave
resolver
el
problema
de
la
compatibilidad
entre
el
ámbito
doméstico
y el
profesional.
Las
familias
deberán
disponer
de
servicios
adecuados
a
bajo
coste
y
las
empresas
deberán
tener
en
cuenta
las
circunstancias
familiares
de
sus
trabajadores,
a lo
que
se
prestarán
con
más
facilidad
en
una
situación
de
pleno
empleo,
con
el
fin
de
retener
a un
mayor
número
de
trabajadores.
Otro
importante
cambio
de
estos
tres
últimos
años
ha
sido
el
aumento
del
número
de
inmigrantes.
El
INE
ha
incluido
en
su
reciente
revisión
de
la
proyección
de
la
población
española
flujos
de
casi
200.000
entradas
en
1999
y
360.000
en
2000,
cuando
la
estimación
para
1996
y
1997
era
del
orden
de
60.000.
Para
los
próximos
10
años,
la
media
anual
de
entradas
de
inmigrantes
extranjeros
varía,
según
el
escenario
de
proyección,
entre
180.000
y
250.000.
Estas
cifras,
por
muy
elevadas
que
parezcan,
podrían
ser
asumidas
por
un
mercado
de
trabajo
amenazado
a
corto
plazo
por
dificultades
de
contratación.
Plantean,
sin
embargo,
el
enorme
reto
de
la
inserción
social
de
tan
amplios
contingentes.
Serán
necesarios
recursos
adicionales
y
políticas
diferentes
a
las
actuales,
y,
sobre
todo,
la
voluntad
de
abrirse
a
otras
culturas,
porque
la
simple
asimilación
no
será
un
modelo
válido
para
el
futuro.
El
deseable
objetivo
de
una
reproducción
demográfica
sostenible
a
largo
plazo
puede
alcanzarse
mediante
una
mezcla
de
inmigración
y de
natalidad.
Con
la
inmigración
proyectada
por
el
INE,
el
reemplazo
generacional
se
consigue
con
1,7
o
1,8
hijos
por
mujer,
pero,
dada
la
muy
baja
fecundidad
actual,
no
es
probable
que
estos
niveles
se
alcancen
espontáneamente.
Sin
el
apoyo
de
políticas
adecuadas,
que
vayan
más
allá
de
simples
declaraciones
de
buenas
intenciones
no
apoyadas
en
recursos
económicos,
los
desequilibrios
estructurales
de
la
población
española
se
agravarán
a
medio
y
largo
plazo,
con
el
consiguiente
impacto
negativo
en
el
mantenimiento
de
nuestra
capacidad
productiva
y en
la
viabilidad
de
los
sistemas
de
protección
y
aseguramiento,
ya
sean
públicos
o
privados. |