Ramiro Pinto Cañón: presidente de la Asociación Renta Ciudadana. León.

La reforma laboral se fundamenta teóricamente en el argumento que ha planteado el presidente del Gobierno: hay en las oficinas del INEM 36.000 ofertas de empleo sin cubrir, a pesar del paro existente. Se propone eliminar las ayudas a los parados si por tercera vez rechazan una oferta laboral. Se alude a la insolidaridad de los desempleados y a razonamientos pseudoéticos, que son eufemismo de lo que no es otra cosa que un chantaje a los desempleados.

En una sociedad de libre mercado, tal como reconoce la Constitución, la relación entre oferta y demanda de empleo se regula mediante el salario. Lo que habrá que hacer es incrementar la oferta salarial de dichos empleos, hasta que sean aceptados. Por el contrario, el intervencionismo desde el Estado impone condiciones que desequilibran la oferta y demanda laboral.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico hace que cada vez se produzca más riqueza necesitando menos mano de obra. El pleno empleo sólo es posible en sociedades totalitarias. Tal fue el reclamo económico durante la sociedad industrial de los modelos fascistas y comunistas.

Para desarrollar la democracia y el libre mercado es necesaria la renta básica, es decir, un salario mínimo a toda persona de manera incondicional. Hay riqueza suficiente para poder aplicarlo.