TODOS somos cada día más conscientes de los fenómenos que el cambio climático está provocando en nuestro planeta. Debido fundamentalmente a la actividad humana, durante la última mitad del siglo XX los países desarrollados (el 25% de la población mundial) hemos emitido una enorme cantidad de contaminantes (el 75% del total) cuyo efecto está siendo la alteración del clima, de la biosfera y de la biodiversidad. Las primeras consecuencias, tales como inundaciones y sequías, deshielo en los casquetes polares y en los glaciares de montaña, se han empezado a notar, lo que puede provocar que, si no se pone freno inmediato, algunas zonas del planeta sufrirán un aumento de más de 5 grados en la temperatura media durante este siglo que comienza.
Para evitar esta catástrofe se puso en marcha el denominado Protocolo de Kioto (por haberse decidido en esa ciudad nipona en 1997) donde se llega, por fin y tras muchos años de retraso, a acuerdos concretos para controlar y restringir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero fue en noviembre pasado en Marrakech donde gracias a las presiones de los países de la Unión Europea y de las organizaciones ecologistas se venció el bloqueo que Estados Unidos ha ido imponiendo en las diversas negociaciones y conferencias mundiales en su intento de no poner límite al mito del crecimiento económico ilimitado y de frenar el consumo de combustibles fósiles, uno de los grandes motores de su economía. De este modo, se espera conseguir a lo largo de esta semana la ratificación definitiva del Protocolo de Kioto por al menos 55 países (que en conjunto suman el 55% de las emisiones globales) y de esta manera llevar firmado dicho protocolo a la segunda Cumbre de la Tierra a celebrar en agosto en Johanesburgo. Estamos refiriéndonos a un convenio de ámbito internacional (hoy diríamos global) para lograr la estabilización de las concentraciones de los seis gases (gas carbónico, metano, óxido nitroso, hidro-fluoruro-carbonos, per-fluoruro-carbonos y hexafluoruro de sulfato) que se están acumulando en la atmósfera por encima de sus niveles naturales. Estos gases provocan el reflejo de la radiación solar desde la atmósfera hacia la superficie terrestre, evitando que el calor se disipe hacia el espacio exterior. Es decir, el efecto invernadero.
La discusión de este problema viene de lejos, aunque fue en la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) cuando por fin las voces de los científicos y ecólogos más comprometidos lograron oírse. En definitiva se trata de hacer posible que los países industrializados reduzcan sus emisiones contaminantes en un 5,2%, respecto a los niveles de 1990, para el año 2012 (año de celebración de la tercera Cumbre). ¿Y los compromisos para España? En primer lugar, la UE fijó reducir, en conjunto, el 8% de gases efecto invernadero, y dentro del reparto proporcional a España se le permitió aumentar sus emisiones en un 15%. Pero hay que tener en cuenta que en ese compromiso no sólo se fijan niveles de emisiones sino, y es lo más importante, se establecen una serie de mecanismos que facilitan llegar a esos objetivos para el año 2012. Es decir: fomento de la eficiencia energética; desarrollo de las formas renovables de energía; promoción de prácticas sostenibles forestales y de modalidades agrícolas biológicas; eliminación de las subvenciones y eliminación gradual de las deficiencias del mercado en los sectores contrarios al objetivo marcado; limitar las emisiones en el transporte y promover su reducción; y todas las reformas que promuevan políticas de reducción de emisiones.
Sin embargo, el gobierno español, pese a la obligación de varias directivas europeas en curso, no ha conseguido cumplir ningún plazo marcado. Incluso, según los datos oficiales, las emisiones contaminantes han seguido aumentando hasta una media del 26%. La única propuesta española ha sido aumentar la producción energética nuclear, a sabiendas que entre lo firmado en Kioto como mecanismos limpios para reducir las emisiones de CO2 se excluye expresamente dicha energía por suponer un peligro constante en la producción de residuos radiactivos y por la emisión de dióxido de carbono en el proceso de su construcción y desmantelamiento. Pero además, países altamente responsables del efecto invernadero como Alemania y Bélgica han aprobado el abandono de la energía nuclear para el año 2021.
Y desde Extremadura, ¿qué se puede hacer?
Si bien es cierto que la responsabilidad ante el problema del cambio climático es asumida a escala nacional, también hay que reconocer que en nuestro ordenamiento constitucional las Autonomías juegan un papel importante en la puesta en marcha de estrategias sostenibles de desarrollo socio-económico.
Para Adenex, las 'cuestiones ambientales regionales' no están al margen de su dimensión global, y así desde luego lo tenemos en cuenta en todas las acciones que llevamos a cabo a nivel local. Pero volvemos a decir, un año más, que el gobierno regional sigue ajeno a una gestión medioambiental relacionada con lo social y lo económico, y que junto a los actuales modelos industrial y de comunicaciones planteados por la Junta de Extremadura, queda fuera un modelo de desarrollo sostenible propio, posible con los actuales conocimientos técnicos y que además supondría una revitalización de lo social y laboral en nuestra región.
Para Adenex es cada vez más urgente la creación de un órgano que priorice una política de interrelación entre economía y medio ambiente, sociedad y naturaleza, y que sea capaz, por tanto, de establecer estrategias sostenibles. Extremadura sí puede contribuir a frenar el cambio climático con una política medioambiental y de desarrollo sostenible que debería al menos contener los siguientes principios:
1.- Producción y consumo sostenible de alimentos: Después de los últimos acontecimientos es la oportunidad para promover cambios que hagan posible la eliminación de los riesgos químicos y biológicos en nuestra producción agrícola y ganadera, en base a una formación adecuada, una asistencia técnica responsable y una comercialización más decidida.
2.- Energía limpia y eficiencia energética en las industrias y en el trabajo. Como sabemos, la energía está relacionada con el cambio climático, el riesgo nuclear, la contaminación y el agotamiento de los recursos. Se deben proponer las energías renovables teniendo en cuenta el impacto positivo sobre el empleo, si se incentivan progresivamente, y apoyada en una red regional de ferrocarril extensa y ágil (no una sobredimensionada línea de AVE) que haga viables las relaciones comerciales y sociales con nuestro entorno.
3.-Desarrollo sostenible para nuestras ciudades y pueblos. Se debe promover un modelo urbano donde se aúnen calidad de vida y salud. Aguas, transporte público, espacios verdes, arquitectura bioclimática y reducción de las islas de calor urbanas deberían ser entre otros los cambios posibles que necesitan nuestras localidades, independientemente de su tamaño.
4.- Participación en las decisiones ambientales. Debemos fortalecer los espacios de discusión, es decir la codecisión en los cambios a proponer, proponiendo iniciativas donde los conocimientos, las capacidades y la información puedan salir fortalecidos. La educación ambiental y la Agenda Municipal-21 pueden ser buenas herramientas para ir creando entre todos estrategias de sostenibilidad.
En definitiva, estamos en un momento donde las empresas, la demanda ciudadana y el desarrollo científico pueden ser factores para que en Extremadura también se hagan propuestas políticas y se tomen medidas para frenar un modelo energético y de transporte únicamente basado en la quema de combustibles fósiles, en la contaminación y en el agotamiento de los recursos naturales. En esta transición hacia 2012 todavía es posible, aquí y ahora, construir otro modelo de desarrollo más justo y sostenible.
Fuente: hoy 06/06/02 - Adenex.