EL Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Forestal Español, un ambicioso programa que prevé la reforestación de 3,8 millones de hectáreas, la fijación en torno a 60 millones de toneladas de dióxido de carbono -gas máximo responsable del cambio climático- a través de esta nueva masa forestal y la creación de un total de 43.800 puestos de trabajo directos en el ámbito rural, todo ello en un umbral de tiempo de treinta años y con un objetivo clave: conseguir la gestión sostenible de los montes españoles.
Por ejemplo, en los primeros siete años se plantarán nada menos que mil millones de árboles.
El Plan busca diseñar un monte que cumpla con su función protectora, extraordinariamente necesaria ante la alarmante situación de erosión existente en nuestro país, pero que además proporcione productos a la sociedad de una manera sostenible, entendiendo este concepto en su versión moderna, que exige no sólo un correcto aprovechamiento ecológico, sino una gestión abierta a la participación social.
Incluye además la potenciación de herramientas de eficacia probada como la ordenación de montes, cuya aplicación histórica es responsable de la pervivencia en excelentes condiciones de buena parte de las mejores masas forestales.
Sin embargo, es fundamental para que verdaderamente se cumplan los objetivos y medidas propuestas en el Plan que las Comunidades Autónomas compartan la misma visión y filosofía que emana de él. El hecho de que muchas de ellas ya tengan sus planes forestales arroja algunas sombras sobre su capacidad de asumir como propias las nuevas propuestas y medidas.
Asimismo, es previsible que aflore la controversia entre quienes miran el bosque con el cristal conservacionista y quienes lo hacen con enfoques más productivistas. Afortunadamente, ya se han superado las épocas más negras de enfrentamiento entre estos sectores.
La financiación es otro asunto importante. En el Plan Forestal se hace una estimación que asciende a la cifra de 36.000 millones de euros en treinta años, que saldrán del Estado, las Autonomías y los fondos europeos, lo que crea una cierta indefinición. Actualmente se están negociando con las diferentes Comunidades convenios marco que estipulen las aportaciones por cada parte. Si se quiere que este intento de planificación común llegue a buen puerto, es imprescindible encontrar un modelo de financiación que garantice no sólo su puesta en marcha, sino también su mantenimiento posterior, y este punto no parece estar aclarado por el momento. Esperemos que los buenos deseos no queden en entredicho por las cuestiones de tipo económico.