El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, ha presentado, a principios del mes de Julio de 2002, ante la Comisión Europea su esperada reforma de la Política Agraria Común (PAC). El eje principal es un trasvase de fondos desde el presupuesto de ayudas a la renta --las subvenciones que cobran los agricultores-- hacia las medidas de desarrollo rural. La propuesta, que supone una reducción anual del 3% de los pagos, puede hacer perder a Extremadura hasta 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) en ayudas directas por campaña.
Esta cantidad puede verse corregida a la baja en función del empleo generado en cada explotación (a más mano de obra menos recorte). Los perceptores de menos de 5.000 euros (832.000 pesetas) no se verán afectados. La mayoría de los agricultores extremeños cobra más de este importe. La reducción de los pagos se aplicará en todos los sectores por primera vez en el 2004 y en los siete años siguientes, de manera que la rebaja al final del ciclo será del 20%.
Fischler asegura que el objetivo de este ajuste es "tanto mantener los ingresos de los agricultores como obtener los mejores resultados en lo que se refiere a la calidad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el bienestar de los animales y el mantenimiento del paisaje".
Las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura han mostrado su rechazo frontal a la reducción de las ayudas directas. Estas se implantaron hace ahora diez años con el objetivo de paliar la pérdida de renta de los agricultores como consecuencia de la caída de precios de los productos agrícolas. La importancia de este apoyo ha ido creciendo con los años hasta el punto de que las subvenciones se han hecho imprescindibles en el campo extremeño.
A pesar de haberse presentado la propuesta, existe un gran desconcierto en el sector sobre la letra pequeña de la reforma, en particular de cuánto dinero retornará al campo para medidas de desarrollo rural. Dentro de este paraguas entran incentivos para jóvenes agricultores, ayudas a zonas desfavorecidas, apoyo a la agricultura respetuosa con el entorno y forestación de tierras agrarias.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, califica de muy perjudicial para España esta medida y ha pedido a las comunidades autónomas que evalúen el impacto de la propuesta en su territorio. El ministro de Agricultura, considera que la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) causará grandes problemas de rentabilidad al sector agrícola, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Arias Cañete estima que el comisario europeo Franz Fischler ha planteado una reforma de envergadura, y cree que la rebaja de ayudas provocará "grandes problemas" al sector. De salir adelante en los términos actuales a partir del 2004 se aplicará una reducción del 3% de las ayudas directas. Esta rebaja será progresiva hasta alcanzar el 20% de los pagos totales nueve años después.
El impacto de este ajuste será mayor en Extremadura al ser una comunidad donde las subvenciones tienen mucho peso en la estructura de ingresos de los agricultores. Supondrá "grandes problemas de rentabilidad" para la explotaciones, en opinión del ministro.
Extremadura recibe anualmente unos 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas) en ayudas de la PAC y figura entre las comunidades con mayor dependencia de estos pagos. Fischler afirmó que es urgente modificar la PAC para negociar mejor ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y para que los países candidatos a la UE sepan qué pueden esperar.
El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana, cifró en 16 millones de euros (2.600 millones de pesetas) las pérdidas para el campo extremeño sólo en el primer año de aplicación, el 2004. Al final de la reforma recibirá un 20% menos que ahora, es decir, 108 millones de euros (18.000 millones de pesetas) menos que en la actualidad. Quintana afirma que la reforma es para sentirse preocupados en Extremadura.
AYUDAS DIRECTAS
El campo extremeño recibe unos 526 millones de euros (87.000 millones de pesetas) por campaña en ayudas directas. Al recorte anunciado se une el propósito de Bruselas de reformar alguno de los sectores más importantes en la región, como el vacuno, arroz y cereales.
Los dirigentes de la Unión de Pequeños Agricultores-Unión de Campesinos Extremeños (UPA-UCE) José Cruz e Ignacio Huertas rechazaron frontalmente esta "peligrosa" reforma, ya que en su opinión pone contra las cuerdas a las pequeñas explotaciones.
El sindicato critica que la UE pretenda desligar la cuantía de las ayudas de la producción y vincularla a los derechos históricos de cada explotación.
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