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Los
pequeños
municipios
de
la
provincia
reclaman
al
Estado
central
la
financiación
necesaria
para
atender
los
servicios
sociales
de
base.
Reconocieron
su
escasez
de
fondos
para
llevar
a
cabo
este
tipo
de
atención,
que
se
traduce
en
ayuda
domiciliaria
o
pisos
tutelados.
La
financiación
más
cuantiosa
la
consiguen
a
través
de
la
Consejería
de
Bienestar
Social.
La titular de Bienestar Social, Ana Garrido, renovó a principios del mes de Mayo el convenio anual de colaboración con 10 mancomunidades de la provincia de Cáceres para la prestación de los servicios sociales de base. Las mancomunidades firmantes son La Vera, Tajo-Salor, Valle del Ambroz, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Ribera del Tajo, Sierra de San Pedro, San Marcos, Valle del Alagón y Hurdes. Los servicios sociales de base constituyen el primer nivel de atención que recibe el ciudadano, que luego es desviado, según su caso, a los servicios de atención especializada. La atención de base es prestada a través de estructuras municipales, comarcales o mancomunadas. En conjunto, la red extremeña está compuesta por 80 servicios sociales de base, de los que 21 son mancomunados. La atención que se presta a través de las mancomunidades es financiada en un 55% por la Junta de Extremadura, un 25% por la Administración central y el 20% por los ayuntamientos afectados. Los municipios reconocieron, a través de Juan Andrés Tovar, alcalde de Casar de Cáceres y presidente de la mancomunidad de Tajo-Salor, sus dificultades para aportar los fondos que les corresponde, y mucho menos para satisfacer el 50% como se ha sugerido desde la Administración central de cara al futuro. «Estaríamos dispuestos a poner el 50% si se nos proporcionara a los municipios la financiación adecuada, pero ahora mismo no podemos asumir ni el 20% que nos corresponde para esa atención de pisos tutelados, ayuda domiciliaria, etc. La Ley de Estabilidad Presupuestaria nos va a ahorcar un poco más a los ayuntamientos porque no nos permite endeudarnos. Y el Pacto Local hasta ahora sólo habla de transferir competencias pero nada de dinero. En el futuro, o ponen el dinero encima de la mesa, o no se podrá asumir esa parte», subrayó Tovar. La consejera de Bienestar Social aseguró que por parte de la Junta de Extremadura no se está dispuesto a rebajar la aportación financiera, pese a las recomendaciones en este sentido del Gobierno central. Los convenios suscritos ayer con las 10 mancomunidades permitirán que los servicios sociales de base lleguen a 116.000 ciudadanos pertenecientes a 94 municipios de la provincia y dos entidades locales menores. El presupuesto global alcanza los 760.000 euros (unos 127 millones de pesetas). Ana Garrido destacó que los servicios sociales de base son «próximos, integradores y muy rápidos» en la atención que prestan al ciudadano. Disponen de 190 trabajadores sociales. Fuente: Hoy, 08/05/02 - P. C. - CÁCERES - |