Julián Mora: Profesor Geografía y Ordenación del Territorio de la Uex.
El autor, que demanda soluciones imaginativas al problema del desempleo agrario, considera que el acceso al PER por la juventud es una trampa para su realización personal y familiar y un trauma laboral, por la dependencia que conlleva.
Desde finales del siglo veinte, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos asistiendo en el mundo occidental a una auténtica revolución en el ámbito agrícola (revolución verde) que desafía los designios bíblicos (transformar la tierra para producir) por causa de los excedentes alimentarios, hasta el punto de que se destinan importantes recursos financieros a los agricultores para que mantengan sus rentas, incluso sin cultivar.
En esa situación se encuentra la Unión Europea que, tras las dos primeras décadas de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) y ante el éxito de la misma, se vio obligada a introducir una profunda reforma en 1992 con el fin evitar el grave problema de los excedentes agrarios, tanto de cultivos como de agricultores, y asegurar al mismo tiempo los niveles de renta y la fijación de las poblaciones en el mundo rural. Para ello se propugnó la estabilización de los mercados agrícolas y el ajuste de las disparidades estructurales entre regiones, a través de instrumentos como el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) e iniciativas comunitarias de desarrollo rural (LEADER).
Los nuevos reglamentos comunitarios que desarrollaban el acceso a esos instrumentos incorporaron nuevos enfoques a sus objetivos, entre los que cabe destacar el papel que los espacios rurales desempeñan en la conservación ambiental. Es decir, como aspecto novedoso - revolucionario más bien -, apareció el tema ecológico, considerándose la "preservación" casi al mismo nivel que la 'producción'. Por ello se incentiva el abandono de las tierras menos productivas, la repoblación forestal y la jubilación anticipada de los agricultores mayores.
Desde 1992, pocas modificaciones han surgido y este tipo de política agraria "conservacionista" continuará hasta el año 2013, por lo que los labradores propietarios de explotaciones mantendrán su actividad en toda Europa.
No obstante, conviene reseñar que el mundo rural extremeño, prácticamente toda la región, no está conformado sólo por agricultores, sino que está integrado también por trabajadores agrarios fijos y por jornaleros, todos ellos, al igual que los propietarios, adscritos al REASS (Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social). La diferencia sustancial entre uno y otro tipo de trabajadores viene marcada por la discontinuidad laboral de los jornaleros, dada la eventualidad de sus actividades, razón por la que se les denomina "temporeros". Si como hemos dicho, todos los empresarios agrarios españoles perciben subvenciones comunitarias (el 50% de la renta agraria proviene por esta vía), los jornaleros extremeños y andaluces reciben subsidios nacionales, lógicamente con diferencias abismales de ingresos, pues cabe recordar que las ayudas no superan en la mayoría de los casos los 260 euros mensuales, lo que viene a ser en realidad una limosna, máxime si lo comparamos con otras reconversiones de tipo industrial.
Ahora bien, cabe decir que cuando se instauró el Plan de Empleo Rural, allá por 1984, éste tenía como objetivo atender a algunas de las necesidades sociales de la ingente población 'sin tierra', analfabeta por lo general. El PER, ahora AEPSA (Acuerdo Económico para la Protección Social Agraria) fue una medida del siglo XX para resolver un problema del siglo XIX, pero actualmente, en los inicios del tercer milenio, llamado de la Sociedad de la Información, sólo tiene sentido mantenerlo para quienes ya lo disfrutan, pero en modo alguno puede ser una alternativa para aquellos que se incorporan a la edad activa. Si extendemos el PER a los jóvenes sólo se estará evidenciando un rotundo fracaso de las políticas efectuadas en los últimos años para todos los pueblos de Extremadura y Andalucía, o lo que es peor, implícitamente se reconocerá que el modelo educativo ha marginado al mundo rural por no haber existido una auténtica 'igualdad de oportunidades'. El acceso al PER por la juventud es una trampa para su realización personal y familiar y un trauma laboral, por la dependencia que conlleva.
En definitiva, desde la perspectiva social y económica el mundo rural es un territorio que expele a sus pobladores por la falta de oportunidades, equipamientos y servicios. El PER no ha servido para fijar población, de hecho el 90% de los municipios extremeños han descendido demográficamente entre 1986 y 2001, dado que la sangría demográfica continúa hacia otras comunidades y, sobre todo, a los mayores núcleos de la región (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito, especialmente).
Es necesario evitar la sangría demográfica por nuevas vías como la comarcalización, que contribuiría a paliar los desequilibrios espaciales entre unos núcleos y otros, lo que se plasma en grandes diferencias sociales y económicas dentro de Extremadura, hasta el punto de que el lugar de residencia condiciona las perspectivas de desarrollo personal.
Creo que la polémica suscitada en torno al subsidio agrario finalizaría definitivamente si desde el Gobierno se adoptasen medidas de co-financiación, con la colaboración de los ayuntamientos implicados (estimándose su participación entre el 10 y el 20%, en función del número de jornaleros residentes) para proporcionar a los temporeros una actividad agroambiental (limpieza de bosques, recuperación del patrimonio cultural, control de incendios, mejora de riberas fluviales, reparación de canales y acequias, repoblación forestal, etc.) justamente remunerada como contraprestación laboral y no el óbolo actual.
Con este salario, de unos 600 euros mensuales (340 euros añadidos a lo que perciben ahora, lo que supondría para los 25.300 inscritos un desembolso complementario de unos 17.000 millones de pesetas anuales) se conseguiría reconocer su labor profesional, asegurar su estabilidad familiar y su autoestima al prestar una contribución social, como sucede con otras actividades no productivas y que nadie cuestiona (ejército, museos, instalaciones deportivas, culturales o religiosas, etc.).
Esta fórmula permitiría a los trabajadores agrarios, una vez cumplidas sus 35 jornadas legales y demostrada la inexistencia de trabajo en tareas agrícolas en su municipio o zonas limítrofes, insertarse laboralmente en condiciones dignas, sin sumisión a las élites o a los partidos.
Fuente: Hoy 23/11/02 TRIBUNA EXTREMEÑA