El Partido Popular entiende, tal y como quedó reflejado en su programa electoral, que el principal desafío que tiene planteada la educación es el de la calidad. Tras un extraordinario crecimiento cuantitativo en los últimos 30 años, propiciado por una serie de reformas de sucesivos Gobiernos, el objetivo es ahora mejorar el rendimiento en todos los niveles del sistema educativo.
El objetivo de la calidad se justifica por sí mismo.
ero se dan, además, razones poderosas para abordar con todo rigor esta tarea: así, las exigencias derivadas de la sociedad del conocimiento, fundamento, a su vez, del progreso económico y de la movilidad social; aquellas otras que plantea el aprendizaje a lo largo de la vida al que, cada vez más, deberá hacer frente el sistema educativo; y, en fin, las que específicamente se deriven de la creciente homologación con la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza superior.
Medidas legislativas.
Figuran, en primer término, los reales decretos de enseñanzas mínimas, de diciembre de 2000, más conocidos como decretos de humanidades. Suponen una revisión en profundidad de los contenidos de secundaria y bachillerato, para reforzar la lengua y las matemáticas, actualizar los estudios de ciencias experimentales y reforzar la historia y los estudios clásicos. Otro objetivo ha sido preservar la vertebración y homologación de estos niveles en todo el territorio, sin merma de los contenidos específicos que corresponde marcar a las comunidades autónomas.
Ley de calidad.
Los citados reales decretos no bastan, sin embargo, para abordar los problemas que vienen planteando los profesores de secundaria, entre otras voces autorizadas. Por eso, el Ministerio está trabajando en una Ley de Calidad de la Educación, referida a los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Uno de sus propósitos es abordar los efectos más negativos de la denominada “comprensividad”. Es decir, una situación en la que los alumnos deben permanecer a lo largo de la ESO todos juntos estudiando los mismos contenidos, en aras de una determinada concepción de la igualdad de oportunidades, que se ha revelado inoperante. Procedimientos como la denominada “promoción automática” del alumno, independientemente de su nivel real de conocimientos, señalan otro de los principales problemas. Al mismo tiempo, esta situación se ve complicada con la presencia creciente en las aulas de secundaria de alumnos extranjeros, cuya atención requiere nuevas y especializadas prestaciones del sistema educativo. De este modo, los principales objetivos de la futura Ley de la Calidad son, entre otros, los siguientes: el establecimiento de vías o itinerarios en la segunda etapa de la ESO, sin perjuicio de que todos desemboquen en un título común; la personalización de los estudios y el fomento del sentido de la responsabilidad y el esfuerzo individual; la prestación a los alumnos extranjeros de una atención que se ajuste a su nivel concreto de conocimientos; dotar de mayor profesionalización a la función directiva y de mayor autonomía a los centros educativos; y el reforzamiento de la inspección educativa y el impulso, a través de la Alta Inspección, de una educación de calidad para todos los alumnos españoles.
Ley de Formación Profesional.
Otro terreno abordado ha sido el de la formación profesional, mediante un proyecto de ley elaborado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y que ha sido enviado ya al Parlamento para su debate. La futura Ley de FP homologará nuestro sistema con la UE, merced al fomento de la movilidad laboral de estudiantes y profesores; y conllevará una mayor relación entre los estudios profesionales y las demandas del mercado de trabajo, gracias a un Sistema Nacional de Cualificaciones y un observatorio que lo mantenga actualizado.
Ley Orgánica de Universidades.
Por último, el Ministerio ha elaborado una Ley Orgánica de Universidades. El cambio de la legalidad universitaria viene precedido por un largo debate acerca de su necesidad, y concretado en distintos informes. El objetivo de la LOU es consolidar los avances logrados en las dos últimas décadas, sobre todo en materia de investigación y de docencia, removiendo las inercias que dificultan esa cultura de la calidad y que tienden, por el contrario, a mantener las universidades encerradas dentro de dinámicas autárquicas. Las principales medidas del proyecto son:
La acción legislativa del Gobierno responde, por tanto, a la necesidad bien constatada de elevar la calidad de nuestro sistema educativo, lo que contribuirá al progreso individual y colectivo de nuestra sociedad y mejorará nuestra posición dentro de un sistema educativo europeo cada vez más abierto, integrado y competitivo.