La protesta contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha sido sin duda el acontecimiento que ha marcado el año 2001 en el terreno educativo. El último trimestre del año estalló en la calle el descontento de los rectores y buena parte de los estudiantes, profesores y políticos contra la ley elaborada por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo.
El contenido de la ley influyó tanto en la organización de las revueltas como la prisa del PP por sacarla antes de que concluyera 2001, y la actitud poco diplomática del Gobierno que no tuvo reparos en lanzar numerosas descalificaciones de “irresponsables”, “inmovilistas” sobre los colectivos universitarios que se opusieron a su proyecto.
Pilar del Castillo presentó su proyecto ante los rectores el 19 de abril, como si de una varita mágica se tratara que de un solo golpe fuera a acabar con los no pocos problemas de la Universidad española y la fuera a preparar para los relevantes retos con los que esta institución tendrá que enfrentarse en las próximas décadas. Pero no lo entendieron así los rectores, que prácticamente desde el primer momento manifestaron sus reticencias a la aplicación de aspectos concretos de la ley, criticaron la premura con la que el Gobierno quería sacar el texto y denunciaron los problemas que ocasionaría a las universidades el calendario de aplicación.
Algunas propuestas de los rectores fueron admitidas antes del verano por Pilar del Castillo, pero el contenido de la ley apareció aderezada con alguna sorpresa de última hora. La más relevante fue la destitución en bloque de todos los rectores y claustros de las universidades nada más aprobarse la norma, cambio introducido en el mes de julio. Esta medida fue interpretada por muchas universidades como una “venganza” contra los máximos responsables de las universidades por no apoyar el texto del Gobierno y, unida a la prisa del Gobierno por aprobar la ley, acabó por crispar los ánimos hasta de los rectores menos alejados ideológicamente del PP. El propio Consejo de Estado calificó el cese masivo de los rectores de “innecesario”. Pero la ministra decidió seguir adelante.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 27 de julio, a las puertas de las vacaciones, lo que no impidió que el movimiento estudiantil se olvidara del tema y empezara a organizarse a la vuelta del verano con un empuje como no se había visto desde los inicios de la democracia. Tampoco en el seno del Congreso de los Diputados fue tranquilo el debate de la ley. Las protestas subieron de tono y se multiplicaron a partir de octubre dentro y fuera de la Cámara Baja. El saldo final, antes de concluir el año, fue de decenas de manifestaciones de estudiantes y sindicatos salpicadas por toda España en distintas fechas, y apoyadas por profesores, rectores y todos los partidos políticos de la oposición. Dos movilizaciones marcaron un hito: fueron las mayores protestas organizadas contra la política del PP. La primera se produjo el 14 de noviembre, convocada por las organizaciones de estudiantes. Llegaron a salir a la calle más de 200.000 estudiantes en 53 ciudades de todo el país. Ese día tuvo lugar la manifestación estudiantil más numerosa desde la transición democrática. La segunda fue la marcha sobre Madrid, organizada por sindicatos y organizaciones de estudiantes el 1 de diciembre. Acudieron más de 150.000 personas de toda España y fue apoyada por los rectores, el PSOE e IU. Tras las protestas, la ministra tampoco accedió a dar ni medio paso atrás, lo que provocó en diciembre que el PSOE e IU pidieran su dimisión en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, el ministerio siguió adelante con su reforma, que se aprobó en el Congreso definitivamente el 20 de diciembre y no tardó en publicarse en el BOE: el mismo día de Nochebuena. De esta forma, la ministra acababa el año con la ley sobre la mesa y duras acusaciones contra los rectores y profesores de “defender sus propios intereses” por querer sacar sus plazas antes de que entrara en vigor la habilitación nacional del profesorado que introduce la ley.
En 2001, los desencuentros de Pilar del Castillo con miembros de todos los estamentos universitarios no pudieron ser más numerosos y la imagen creada de falta de cintura política de la ministra no parece ser la más apropiada para afrontar en el año 2002 el trámite parlamentario de la Ley de Formación Profesional y, sobre todo, otra anunciada reforma, la de la Ley de Calidad. Ésta promete ser aún más controvertida que la de universidades si el Gobierno no se cuida mucho de introducir cambios que prometan una mejora sustancial, con un claro y amplio apoyo presupuestario, de la situación de la educación pública y de la de los profesionales que trabajan en ella.
Además, a la Ley de FP ya se han opuesto ocho comunidades autónomas (las seis gobernadas por los socialistas, la vasca y la catalana) porque consideran que contiene medidas “centralizadoras” que atentan contra su autonomía. La ministra parece haberse resentido de las críticas contra su proyecto y contra “su talante y sus métodos” – como señalaron los rectores en diciembre – y a pesar del público e insistente apoyo a sus reformas manifestado por algunos dirigentes populares.
Cuando empezó 2001, el equipo de Pilar del Castillo estaba convencido de que la reforma universitaria sería un camino de rosas y que las dificultades llegarían con la Ley de Calidad. Demostrado su error en lo primero, está por ver cuál será la aceptación en 2002 de la complicada modificación de la educación secundaria, en la que se recuperará casi con toda seguridad la controvertida prueba de reválida al final del bachillerato y se introducirán cambios de peso en el frágil esqueleto que sustenta esta etapa educativa.
Fuente: Anuario El Pais 2002 - SUSANA PÉREZ DE PABLOS