Todos los análisis coinciden en afirmar que una de las causas principales por las que las dos formaciones francesas de extrema derecha, encabezadas por Le Pen y por un antiguo colaborador de éste, han conseguido en la primera vuelta de las presidenciales casi el mismo porcentaje de votos que el ganador, el presidente Chirac (cerca del 20%), ha sido la psicosis de inseguridad que afecta a los franceses. Una inseguridad generada en gran parte por los colectivos de inmigrantes, mucho más numerosos en el país vecino que en el nuestro. Aquí, esta psicosis no existe todavía, aunque la inseguridad figura ya como tercera causa de preocupación en todas las encuestas -también las del CIS-, detrás del terrorismo y del desempleo. Pero la sensación va 'in crescendo', como lo demuestra la gran proliferación de empresas de seguridad privada, que están haciendo literalmente su agosto ante la impotencia de las fuerzas de seguridad del Estado para ocuparse de prestar un servicio que es de los básicos, de aquellos que ni siquiera podría cuestionar el más conspicuo liberal por falta de argumentos de peso. Las estadísticas no engañan y asimismo confirman que la percepción que se tiene del problema no está equivocada: los últimos datos conocidos demuestran que, aunque la escalada de delincuencia se ha frenado un tanto en el primer trimestre de este año (a esta circunstancia se refirió Aznar cuando habló de “descenso de la delincuencia” en la última sesión de control), los delitos cometidos en el mencionado período fueron un 6% más que en el primer trimestre del año pasado. La vinculación de la delincuencia con la inmigración parece a primera vista evidente: el propio Aznar, en la mencionada intervención, confirmó que el 89% de las personas que ingresaron en prisión preventiva durante los tres primeros meses del año en curso eran inmigrantes. El dato debe ser sin embargo muy matizado: primeramente, porque una de las principales causas de detención es precisamente la de ser extranjero y hallarse en situación irregular (muchos de los detenidos deben ser puestos después en libertad sin cargos). Y, en segundo lugar, porque existe una instrucción a los fiscales en el sentido de que deben solicitar la prisión provisional de los extranjeros delincuentes que residan ilegalmente en España, aunque sus delitos sean de menor entidad (los españoles en idénticas circunstancias no van en la inmensa mayoría de los casos a prisión). Lo cierto, en todo caso, es que el porcentaje de extranjeros recluidos en nuestras prisiones aumenta constantemente. El planteamiento correcto de este problema pasa por interiorizar una evidencia fundamental que parece -y es- obvia pero que conviene recalcar incansablemente: los inmigrantes en situación ilegal no son delincuentes por su raza, o porque tengan una propensión especial a delinquir, sino porque están en una posición de marginalidad, sin recursos y sin medios para conseguirlos lícitamente. De esta afirmación se desprende un corolario directo: la inmigración ilegal debe constituir el principal foco de atención de la autoridad gubernativa. Ante un inmigrante ilegal, sólo caben dos actitudes: o promover su expulsión, o integrarlo sin más demora en el mercado laboral y en la sociedad. Cualquier otra postura ambigua, de cierta tolerancia o de despreocupación, impulsa al inmigrante a delinquir por razones bien comprensibles de pura supervivencia. Y, por supuesto, una buena política de inmigración no sólo consiste en la promulgación de buenas leyes: también requiere la aplicación de las normas con rigor y eficacia. Y hoy, en este país, el número de inmigrantes ilegales, condenados a ser explotados u obligados a “buscarse la vida” por cualquier medio, es inaceptablemente alto. El tratamiento de este problema no admite demora porque la psicosis de inseguridad, que tiene ingredientes irracionales, puede germinar en cualquier momento, por cualquier causa imprevisible. Y aunque aquí no parece probable el surgimiento de un Le Pen, ya ha habido indicios de que el racismo sí puede prender en determinados sectores sociales. Asimismo, es importante que no se extienda el recelo sistemático de los naturales hacia los extranjeros, algo que indefectiblemente ocurrirá si no se reacciona ante las estadísticas de criminalidad. El dilema con que se enfrenta a este respecto el Gobierno tiene, en fin, un trasfondo económico: o se invierte en seguridad, para impermeabilizar mejor nuestras fronteras y aplicar costosas políticas de repatriación de los inmigrantes ilegales, o se invierte en la integración de aquellos a quienes finalmente se admita entre nosotros. Lo desastroso sería esperar pasivamente a que grandes flujos de inmigrantes se integren por sí mismos mediante difíciles procesos de adaptación, que no siempre serán del todo fructíferos. Naturalmente, el planteamiento correcto de estas cuestiones debería realizarse en el plano comunitario, dada la desaparición de las fronteras interiores. Pero mientras los Quince toman decisiones, el Gobierno no debería perder tiempo. Éste es un problema de los que se agravan en vez de mitigarse con el paso del tiempo.
Fuente: Hoy, 30/04/02.