Inmigrantes
menores de edad: la aventura de una vida mejor a los 15 años.
La cifra de
adolescentes acogidos en centros públicos de Andalucía se ha disparado
en los últimos dos años
|
|
Entre el
enorme colectivo de emigrantes sin papeles que llegan a España huyendo
de la miseria de sus países hay uno, el de los menores de edad, cuyo
tratamiento por parte de las autoridades requiere unas medidas
especiales. La ley impide una expulsión inmediata y, dado que suele ser
imposible localizar a sus padres o tutores, obliga a su acogimiento en
instituciones públicas.
Andalucía es la comunidad más afectada por este problema. En 1999 se
gastó 1.000 millones de pesetas en atender a cerca de 1.800 jóvenes
inmigrantes que, una vez que llegan a España permanecen en esta autonomía.
De los 4.089 acogidos en estas residencias, un 45.58% es inmigrante.
Esta cifra es sorprendente comparada con la de 1998, tan sólo 429.
La situación de amparo que proporciona la minoría de edad se ha
convertido, poco a poco en una garantía de permanencia en España que
ha llevado a cientos de niños de una media de 15 años de edad a
embarcarse en la aventura de pasar la frontera en los bajos de camiones
o autobuses o a introducirse como polizones en barcos.
Cuando son detenidos por las autoridades, afirman ser menores de edad,
tras lo que se les realiza una radiografía de la muñeca que determinará
si el crecimiento del hueso prosigue o se ha detenido.
Una vez declarados menores, pueden ocurrir dos supuestos:
- Que regresen con su familia, hecho que sólo se consuma en un 20% de
los casos. En muchos casos son los padres quienes los envían, en teoría,
en busca de una vida mejor y, en particular, para intentar desde España
el reagrupamiento familiar.
- Si no regresan, la Comunidad Autónoma correspondiente ejercerá la
tutela hasta la mayoría de edad. El problema es que, al ser centros de
puertas abiertas, la mayoría de los niños se escapan antes de que las
autoridades los devuelvan a sus países. Hasta un 40% de se fugó en las
primeras 72 horas.
Estos niños son fácil presa de las mafias, que se aprovechan de su
minoría de edad para introducirlos en redes de delincuencia o
emplearles ilegalmente. En el caso de los magrebíes, las mafias
trabajan en Tánger, donde algunos camioneros cobran unas 170.000
pesetas por dejar que los niños se agarren al chasis y hagan allí todo
el viaje hasta la Península, casi 15 horas.
Otras veces, cuando quedan perdidos en las carreteras andaluzas,
aprovechan el momento en que un coche se detiene a recoger a un
autoestopista para subirse al coche o en descuidos de los transportistas
en áreas de servicio.
Según datos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad
Andaluza, el 75% de estos jóvenes vivían en la calle o fuera del seno
familiar antes de cruzar el Estrecho.