-Estancia. 'Acreditar encontrarse en España antes del 23 de enero de 2001'. Para ello se exigen certificados de empadronamiento, certificados médicos, contratos de luz, agua, u otros. -Arraigo. 'Acreditar una situación de arraigo en España, considerando como tal: la incorporación real o potencial al mercado de trabajo, la anterior residencia regular en España, o la existencia de vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles'. -Antecedentes. 'No estar incursos en alguna de las causas de expulsión que se establecen en los artículos 53 y 54 de la ley de Extranjería, ni haber sido acordada su expulsión con anterioridad por alguna de estas causas, no tener prohibida la entrada en territorio español, salvo que la expulsión hubiese prescrito, ni tener proceso judicial pendiente o en curso, salvo que el interesado acredite el archivo definitivo de la causa judicial o el sobreseimiento de las actuaciones'. Lo paradójico es que, previamente, el Gobierno había proclamado en numerosas ocasiones su rechazo inapelable a abrir un proceso de regularización extraordinario. Pero los hechos le forzaron a irlo abordando de manera encubierta. Primero fueron los ecuatorianos residentes en España, a los que se embarcó en una 'operación de retorno voluntario', para que miles de ellos carentes de permiso de trabajo volvieran a su país y regresaran con sus documentos en regla. Después, los encierros y huelgas de hambre protagonizados por inmigrantes en Cataluña, Murcia o Valencia, acabaron también en acuerdos de regularización con las respectivas delegaciones de Gobierno. También Colombia se benefició de un acuerdo que permitía regularizar la situación de todos los nacionales de ese país que se encontraran en España sin papeles y pudieran acreditar circunstancias de arraigo, humanitarias y familiares. Estas regularizaciones 'bajo cuerda', sobre todo las realizadas en las comunidades autónomas, provocaron críticas de partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, y de la Oficina del Defensor del Pueblo. Además de poner en duda su validez jurídica, fueron calificadas como un método 'injusto, arbitrario, discriminatorio e inseguro para los inmigrantes'. Finalmente, se anunció el nuevo proceso de regularización, para el que no se fijó un plazo cerrado de admisión de solicitudes. Su fín se vincula a la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería. El tiempo máximo para la entrada en vigor de esta norma es el 23 de julio. Pero no existe un plazo mínimo para que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Una vez en vigor el Reglamento, sólo podrán obtener permiso de residencia temporal las personas que acrediten su permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años y tengan una situación 'excepcional y acreditada' de arraigo, o las que hayan sido víctimas de delitos de xenofobia o racismo. 210.000 permisos en año y medio El proceso de regularización abierto a principios de 2000 se cerró en diciembre pasado con 137.454 inmigrantes regularizados. Desde entonces, hasta el nuevo proceso abierto en junio de 2001, otras 80.000 personas consiguieron papeles por diversos cauces. En primer lugar el Gobierno aceptó revisar de oficio los 55.892 expedientes rechazados en aquel primer proceso, por no haber podido acreditar la llegada a España en la fecha fijada como límite. A ellos se suman los más de 24.000 ecuatorianos que se acogieron al retorno voluntario. Aunque la inmensa mayoría no viajó finalmente a su país, Interior se comprometió a regularizar la situación de todos. Y a esta cifra habrá que añadir los inmigrantes que consiguieron papeles tras protagonizar encierros en distintas ciudades españolas (entre 20.000 y 30.000 en Valencia, 2.500 en Cataluña y 241 en Murcia), y los que regularicen su situación en el nuevo proceso abierto por el Gobierno. El Defensor del Pueblo no recurrió la ley En pleno fragor de las protestas y encierros de inmigrantes, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, hizo pública el 23 de marzo de 2001 su decisión de no recurrir la ley de Extranjería. Múgica desoía así las 769 peticiones de recurso que le habían hecho llegar sindicatos, partidos políticos, ONG´s, asociaciones de inmigrantes, de vecinos, de jueces y de fiscales. El Defensor señaló que había estudiado 'los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, así como los elaborados por cuatro catedráticos de Derecho constitucional'. Y concluía: 'De todos ellos se deduce que la ley es constitucional'. Fuentes judiciales consideraron esta última afirmación sin precedentes, 'porque interviene en un proceso de decisión que sólo corresponde al Tribunal Constitucional, toma partido y niega la razón a los organismos que han recurrido'. La decisión del Defensor del Pueblo provocó un aluvión de críticas desde todos los sectores que le habían solicitado que recurriera la ley ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno, se subrayó la 'sólida fundamentación' de la decisión de Múgica. |
