La inmigración es uno de los fenómenos más importantes que en la
actualidad tiene planteada la Unión Europea. Uno de los grandes retos
con los que nos enfrentamos en el marco de la Unión es, por tanto, el
total desarrollo de una política común europea en materia de
inmigración y asilo. Una nueva política comunitaria que debe
sustentarse en un enfoque global y equilibrado.
Fue el Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, el que planteó
la elaboración de una política europea común de asilo e inmigración
inspirada en cuatro premisas esenciales: una adecuada gestión de los
flujos migratorios, la búsqueda de un trato justo a los nacionales de
terceros países, la colaboración con los países de origen y el
establecimiento de un sistema europeo de asilo.
Todo ello, sin olvidar el impulso renovado que supuso el Consejo
Europeo de Laeken, en diciembre de 2001, que puso el acento en el
equilibrio necesario entre la protección de los refugiados, la
aspiración legítima a una vida mejor y la capacidad de acogida de la
Unión y sus Estados miembros.
Con el objetivo de avanzar de forma decisiva, dentro de estas
directrices, en la consecución de una política común de inmigración y
asilo, hemos trabajado durante la Presidencia española, obteniendo
importantes logros. La inmigración ha constituido una de las políticas
en las que se ha progresado más durante este semestre.
Los avances alcanzados han culminado con el impulso definitivo dado
por el Consejo Europeo celebrado en Sevilla, donde los jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión han prestado a las políticas comunes en esta
materia la relevancia que reclamaban.
Los máximos responsables de los Estados de la Unión han situado en
Sevilla la política migratoria y de asilo definitivamente en el
corazón de la política exterior europea.
No cabe duda de que la Presidencia española ha realizado un importante
esfuerzo para alcanzar este objetivo, trabajando en aspectos
fundamentales dentro de la gestión de flujos migratorios, la lucha
contra la inmigración clandestina, la creación de un sistema de
control de las fronteras exteriores de la Unión y en el ámbito de la
colaboración con los países de origen de esta inmigración.
Hasta enero de 2002, se habían obtenido ciertos logros en el
cumplimiento de los objetivos de Tampere en el ámbito del asilo, la
inmigración y las fronteras, a pesar de los esfuerzos desplegados por
las Presidencias precedentes. Este semestre, además de dar continuidad
a las acciones ya emprendidas, hemos querido liderar los trabajos para
dar pasos determinantes en la progresiva formación del sistema común
de asilo y la adecuada ordenación de los flujos migratorios.
En esta línea, sobre el sistema europeo común de asilo se han dado
significativos progresos con la aprobación, entre otras medidas, de
una propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas
para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros.
Con esta propuesta, se garantiza que los peticionarios de asilo que
llegan a nuestros Estados disfruten de un mínimo estatus de derechos
esenciales para desarrollar una vida digna, entre ellos, la residencia
y libre circulación, la escolarización y educación de los menores o el
acceso al empleo y la formación profesional.
Por otra parte, se ha puesto en marcha el sistema EURODAC para la
identificación de los solicitantes de asilo mediante la comparación
electrónica de sus impresiones dactilares.
En la consecución de una gestión adecuada de los flujos migratorios,
que comprende tanto la idea de ordenación legal de los mismos como la
lucha contra la inmigración clandestina, en particular contra el
tráfico de seres humanos, se han logrado también importantes avances.
Destaca la adopción del Plan Global Contra la Inmigración Ilegal y
algunas de las acciones y medidas previstas en él, que han sido
desarrolladas durante esta Presidencia. Se ha impulsado, entre otras
medidas, el establecimiento de una política común en materia de
visados, incluyendo nuevas normas de seguridad, y se ha avanzado en la
creación de un Banco de Visados como sistema común de identificación.
En lo que concierne a la inmigración legal, se ha activado el estudio
de diversas propuestas sobre los extranjeros legales de larga duración
y se ha iniciado el debate de una propuesta de Directiva para la
expedición de permisos de residencia, de corta duración, a las
víctimas de la inmigración ilegal y trata de seres humanos que
cooperen con las autoridades competentes.
Se ha progresado notablemente, asimismo, en las bases para la creación
de un sistema común de fronteras exteriores aprobando, a iniciativa de
la Presidencia y en un tiempo récord, un Plan de Gestión de Fronteras.
En un espacio sin controles en las fronteras interiores, como es el
espacio Schengen, resulta esencial una gestión eficaz de las fronteras
exteriores, que debe realizarse coordinadamente y de modo integrado,
habida cuenta de que la frontera exterior de un Estado constituye la
frontera de todos los demás.
El Plan se ha inspirado en iniciativas muy recientes como la
Comunicación de la Comisión sobre Gestión Integrada de las Fronteras
Exteriores o el importante estudio de viabilidad presentado para la
creación de una Policía de Fronteras (elaborado por expertos de
Alemania, Francia, Bélgica, Italia y España).
En el ámbito de la colaboración con los países de origen, la
Presidencia ha favorecido un enfoque global, fomentando el diálogo
migratorio con los países de origen y tránsito e impulsando la puesta
en práctica de los Planes de Acción sobre Asilo e Inmigración, ya
aprobados por la Unión. Además, se ha impulsado decididamente la
integración de la política de flujos migratorios en la política
exterior de la Unión.
Todos estos avances han tenido como colofón el Consejo Europeo de
Sevilla, que ha prestado una atención prioritaria a las políticas de
inmigración y asilo.
Los máximos responsables europeos han destacado en Sevilla la
necesidad de conciliar la legítima aspiración de los inmigrantes a
mejorar sus condiciones de vida con la capacidad real de acogida de
los Estados miembros, la importancia de la lucha contra el racismo y
la xenofobia y la necesidad de un sistema adecuado de protección de
refugiados.
En sus Conclusiones, los jefes de Estado y de Gobierno han dado un
importante impulso a aspectos fundamentales en la lucha contra el
tráfico ilícito de personas, respaldando el Plan Global de Lucha
contra la inmigración Ilegal y las principales medidas que en él se
recogen. El Consejo declaró que era prioritario ejecutar algunas de
estas medidas, como la instauración de un sistema de identificación de
visados en el menor tiempo posible o la negociación de acuerdos de
readmisión con terceros Estados.
Se ha respaldado, asimismo, al más alto nivel, el Plan de Gestión de
Fronteras
Exteriores, aprobado en un tiempo récord durante la Presidencia,
dentro del objetivo de alcanzar una gestión coordinada de las
fronteras de la Unión. Para lograr este objetivo, el Consejo ha
acordado la próxima creación de un órgano común de expertos sobre
fronteras exteriores. Esta medida se completará con otras, que deberán
aplicarse antes de que termine el año, como la puesta en marcha de
operaciones conjuntas en las fronteras exteriores.
Se ha dado también máxima prioridad a las normas mínimas sobre asilo e
inmigración, definiendo un calendario de medidas a aprobar en los
próximos meses. Antes de diciembre de 2002, se deberán aprobar las
condiciones que determinen qué países son responsables para tramitar
las solicitudes de asilo y, antes de junio de 2003, se fijarán las
normas sobre los requisitos para obtener el estatuto de refugiado, así
como el contenido de dicho estatuto.
Por último, el Consejo ha situado entre sus medidas destacadas la
cooperación con terceros países en la gestión de los flujos
migratorios. La Unión ha subrayado la necesidad de asegurar la
cooperación con los países de origen y tránsito en el control para
frenar la inmigración ilegal, colaboración que será tenida en cuenta
en las relaciones de la UE con estos países.
Debemos, por tanto, congratularnos de los importantes logros
alcanzados durante estos seis meses de Presidencia para dotarnos de
una política común de asilo e inmigración. Se han sentado las bases
para que las futuras Presidencias sigan otorgando a las cuestiones
migratorias la máxima relevancia y continuemos avanzando así en ese
reto común.